Cap S.A.

Primero: Que en lo principal de fs. 128 la abogada doña Irma Soto Rodríguez, en representación del Fisco de Chile, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de diez de abril de dos mil catorce, escrita de fs. 124 a 127, que revocó el fallo de primer grado que había rechazado la reclamación deducida en contra de las liquidaciones N° 10 y 11 de 06 de mayo de 2008 y, en cambio, acoge dicha pretensión, dejando sin efecto las referidas liquidaciones, emitidas a nombre del Banco Santander-Chile, por concepto de impuesto de timbres y estampillas.

Segundo: Que, en concepto de la recurrente, dicho fallo incurrió en la infracción del artículo 24 N° 11 del Decreto Ley N° 3475, en relación con los artículos 1 N° 3, 9 N° 3 y 10 del mismo cuerpo normativo y el artículo 1 de la Ley N° 18.010. Sostiene que el fallo de tribunal de segunda instancia incurrió en un error de derecho al estimar que la exención del impuesto de timbres y estampillas que contempla el referido numeral undécimo del artículo 24 de la Ley de Timbres y Estampillas no requiere una relación directa entre la operación crediticia y la exportación, en cuanto pueden ser efectuadas por sujetos distintos. Explica que con ello se hizo aplicable la exención a una operación que se encuentra gravada, puesto que en los créditos otorgados por el Banco a CAP S.A., para financiar operaciones de exportación de sus empresas filiales, quien realiza el hecho gravado es distinto de quien realiza la conducta exenta.

Añade que el artículo 1 de la Ley N° 18.010 define las operaciones de crédito de dinero, que en este caso se trata del préstamo otorgado por el banco a CAP S.A., operando la exención cuando los documentos pertinentes se destinen al financiamiento de las exportaciones; sin embargo, si los dineros obtenidos mediante el instrumento que da cuenta de la operación de crédito son traspasados a otro sujeto, es necesario indagar si esos fondos efectivamente fueron utilizados en esos fines.

Agrega que los sentenciadores han interpretado ampliamente la disposición en comento, en circunstancias que, tratándose de una exención, es de derecho estricto y por ello de interpretación restringida.

Señala que las infracciones antes referidas tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia, desde que una correcta aplicación de la ley habría llevado a estimar que la operaciones en comento sí se encuentran gravadas con el impuesto de timbres y estampillas, y por ende no se configura la exclusión. Por ello, solicita se invalide la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo que confirme la de primer grado.

Tercero: Que la sentencia impugnada revoca la de primer grado, señalando en su considerando cuarto que el artículo 24 N° 11 de Decreto Ley N°3475 exime del impuesto de timbres y estampillas a los documentos necesarios para efectuar operaciones de crédito de dinero destinadas al financiamiento de exportaciones, y agrega que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinará, mediante resoluciones generales, los documentos que tienen tal carácter. Cita la Circular N° 3145 de 2001 de dicha entidad, que consideró aplicable la exención a los documentos necesarios para efectuar operaciones de crédito de dinero destinadas al financiamiento de exportaciones, siempre que los recursos obtenidos sean efectivamente destinados a ese fin.

En el motivo quinto el mismo fallo determina que la naturaleza de la exención es real y no personal, por lo que está consagrada en relación a los hechos o circunstancias objetivas que la norma describe, en este caso, documentos determinados que deben dar cuenta de actos que sirvan para efectuar operaciones de crédito de dinero destinados al financiamiento de exportaciones. Declara dicho fallo, en su razonamiento séptimo, que lo que produce la exención es que los documentos necesarios para efectuar operaciones de crédito de dinero se destinen al financiamiento de exportaciones, por lo que los instrumentos relativos a las operaciones de crédito de dinero de estos antecedentes se encuentran exentos. Para ello, previamente, estableció como hecho de la causa en su considerando sexto que las sociedades filiales de CAP S.A. efectuaron exportaciones, con los fondos traspasados por aquella.