Valdes Saenz Cristobal con Servicio de Impuestos Internos

En autos Rol N° 3757-2013 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por don Cristóbal Valdés Saenz, se dictó sentencia de primer grado el uno de marzo de dos mil doce, que rola a fojas 261 y siguientes, en virtud de la cual se hizo lugar en parte a la reclamación, disponiendo la modificación de la liquidación Nº 1122 de 28 de julio de 1998, rechazándola en lo demás.

Esta decisión fue recurrida de apelación por el contribuyente ya mencionado a fojas 268, y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha treinta de abril de dos mil trece, según se lee a fojas 331 y siguiente, con declaración que los intereses moratorios que establece el artículo 53 del Código Tributario no se han devengado durante el período comprendido entre las fechas en que se presentó el reclamo y la que lo tuvo por definitivamente interpuesto, esto es, entre el 13 de octubre de 1998 y el 10 de abril de 2006, respectivamente.

A fojas 333 y siguientes, doña Abby Flies Añón, en representación del reclamante don Cristóbal Valdés Saenz, dedujo un recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, que fue ordenado traer en relación a fojas 359.

PRIMERO: Que en el recurso interpuesto se indica como norma vulnerada el artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 19 del Código Civil, al exigir la sentencia atacada no sólo la demostración del origen de los fondos, sino también la disponibilidad de los aplicados a los gastos, desembolsos o inversiones efectuadas por el contribuyente, ya que una interpretación respetuosa de la ley llevaría a prescindir de la exigencia de acreditar este último aspecto. Si bien la sentencia no se refiere en sus motivos 10º y 11º a este punto, se basó en él para confirmar las liquidaciones, extendiendo la obligación de demostrar su origen a la acreditación de cómo ellos fueron mantenidos o manejados entre la fecha de su percepción y su utilización.

Señala que la disponibilidad o mantencion de los fondos son el presupuesto fáctico del artículo 70 citado y ello queda evidenciado en el respectivo gasto, desembolso o inversión. Por ello, reclamar tal prueba implica la exigencia de un requisito no previsto en la norma, o en ninguna otra.

En segundo término, señala que lo resuelto da cuenta de la infracción del artículo 21 inciso 2° del Código Tributario, que califica como norma reguladora de la prueba, ya que no se han ponderado las que la ley admite y se desconoce el valor de las producidas en el proceso, cuando el legislador le asigna un determinado valor. Enumera los medios cuyo análisis daría cuenta de argumentos poco claros y arbitrarios para la decisión de la litis, así como los omitidos de considerar para la confección del flujo de dineros desde el año 1992 al período auditado, y de certificados emitidos por instituciones de inversiones, elementos que le permiten concluir que han existido fondos suficientes para acreditar las realizadas, por lo que al no valorarlos, se infringió el artículo 21 inciso 2º del Código Tributario.

Termina señalando que de haber aplicado correctamente la ley, los jueces de la instancia habrían resuelto algo distinto a lo que se declaró finalmente en juicio. Probada la existencia de los fondos, debió dejarse sin efecto la liquidación impugnada, por lo que solicita se acoja el recurso deducido, se invalide la sentencia atacada y, en la de reemplazo que se dicte, se acoja la reclamación, con costas.