Sociedad de Desarrollo Inmobiliario S.A con Servicio de Impuestos Internos

La Excma. Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo entablado en contra de una sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que había confirmado la sentencia de primer grado que rechazó un reclamo entablado en contra de liquidaciones emitidas por el Servicio de Impuestos Internos que habían determinado diferencias de impuesto único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La Excma. Corte Suprema al dictar sentencia de reemplazo revocó la sentencia de primera instancia acogiendo, en definitiva, el reclamo.

El recurrente alegó en primer término que se habían vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 6, 7, 63 N° 14, 65 inciso 4° N° 2 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 3 bis, 7 letra ñ) y 42 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; 6 del Código Tributario y 6 del Código Civil, al rechazar la sentencia impugnada la nulidad de derecho público de las liquidaciones reclamadas, por haber emanado ellas de un Departamento Subdirección que no había sido creado por ley, sino en virtud de una resolución administrativa. La referida alegación fue rechazada por la sentencia al no advertirse la infracción a la normativa constitucional ni legal que se denunciaba como vulnerada. Señaló la sentencia que en materia de nulidad de derecho público, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se encontraban contestes en indicar que se desprendía del artículo 7° de la Constitución que la validez de las actuaciones de los órganos del Estado estaba supeditada a tres presupuestos esenciales: a) Investidura regular del agente, b) actividad desarrollada dentro del ámbito de su competencia y, c) que se ejecute en la forma prescrita por la ley. Concluyó la sentencia que las liquidaciones impugnadas cumplían a cabalidad con los presupuestos de validez señalados, pues de conformidad al artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio, el Director del Servicio se encontraba facultado para establecer Departamentos y Subdirecciones, con sujeción a la planta del personal del Servicio, de lo cual resultaba que al dictar la Resolución que creó el Departamento cuestionado, se había ejercido legítimamente una atribución.

Denunció además el recurrente la infracción a la norma contemplada en el artículo 69 de la Ley N° 18.681, rechazando la procedencia del cobro de impuesto único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del reintegro, afirmando que de conformidad al citado artículo las donaciones efectuadas a Universidades e Institutos profesionales que excedieran el límite establecido por la citada disposición, no procedía deducirlas como gasto necesario para los fines de determinación de la renta líquida del impuesto de Primera Categoría, sin embargo no era procedente gravarlas con el impuesto único. La sentencia efectuando una interpretación sistemática del artículo 69 de la Ley N° 18.681, expresó que dichas donaciones no eran susceptibles de deducirse como gasto necesario para la determinación de la renta líquida imponible de Primera Categoría, encontrándose los sentenciadores impedidos de extender las consecuencias tributarias al punto de otorgar a la suma donada en demasía la calidad de gasto rechazado afecto al impuesto del inciso 3° del artículo 21 de la Ley de la Renta, concluyendo que la resolución impugnada había incurrido en el yerro jurídico denunciado por el contribuyente. Contenido de la resolución

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel revocó una sentencia dictada en primera instancia por el Primer Juzgado del Crimen de Melipilla en la parte que absolvió a un contribuyente de los delitos imputados contemplados en el artículo 97 N° 4 incisos 1° y 3° del Código Tributario y que lo condenó en calidad de autor del ilícito establecido en el inciso 2° del mismo artículo. La Corte, en su lugar, condenó al contribuyente como autor de los delitos contemplados en los incisos 2° y 3° del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario.

El condenado dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dado que, a su juicio, el tipo penal del inciso segundo del artículo 97 número 4 del Código Tributario exigía la existencia de malicia y ello no acontecía, dado que éste desconocía la falsedad de las facturas que registró en su contabilidad. Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos dedujo el mismo recurso contra de la sentencia por la absolución del contribuyente respecto de los delitos establecidos en los incisos 1° y 3° del Código Tributario, puesto que se habría logrado acreditar la existencia de los delitos denunciados y la participación en calidad de autor del contribuyente en ellos.

El tribunal de segunda instancia consideró que la infracción contenida en el artículo 97 N° 4 inciso 2° del Código Tributario, exigía malicia, lo que excluía el dolo eventual. Luego, estimó que correspondía al acusador acreditar este dolo directo, lo que en autos tuvo lugar, pues se estableció que el contribuyente usó de facturas material e ideológicamente falsas con el fin de aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tenía derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que debía pagar, por lo que entendió configurado el ilícito.

El fallo de alzada consideró relevante el hecho de que, en la etapa administrativa, el contribuyente no aportó “pruebas suficientes” para desvirtuar las impugnaciones efectuadas por dicho Servicio y que, en sede jurisdiccional, reconoció que efectuó el pago de las facturas cuestionadas en dinero efectivo, sin cumplir con las exigencias del artículo 23 N° 5 de la Ley del IVA. Asimismo, se acreditó que nunca adquirió directamente las mercaderías ni pagó directamente a los supuestos proveedores, ya que dichas acciones fueron ejecutadas por el tercero antes mencionado, de lo que se desprendía que, con pleno conocimiento que las facturas no correspondían a compras efectuadas por él, realizó maniobras con el propósito deliberado de causar un enriquecimiento indebido por la vía de la evasión tributaria causó un perjuicio al Fisco.

El tribunal ad quem analizó la relación que existían entre el ilícito establecido en el inciso 1° del artículo 97 N° 4 y aquellos establecidos en los incisos 2° y 3° de la misma disposición. Así, consideró que las figuras de los incisos 2° y 3° antes indicado eran figuras calificadas respecto de la establecida en el inciso 1°, en razón de la calidad del sujeto activo, que debían prevalecer por sobre la figura base. Por tanto, no procedía sancionar al denunciado como autor del delito del inciso primero antes aludido y, además, como autor de los ilícitos de los incisos segundo o tercero del artículo 97 N°4 del Código Tributario. De otra parte, a juicio del tribunal de alzada, no se podía estimar que existiera concurso aparente de leyes penales respecto de las figuras delictivas contempladas en los incisos 2° y 3° del artículo 97 N° 4, toda vez que contenían diversos supuestos facticos: en el inciso 2° el daño fiscal se producía por creer que el contribuyente pagó íntegramente un impuesto y, en cambio, en el 3° de la citada disposición, por hacer creer al Fisco que adeuda dineros al contribuyente.