Rentas Tissa Limitada

La Corte Suprema rechazó el Recurso de Queja interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido el reclamo presentado por la contribuyente respecto de la decisión del Consejo para la Transparencia que había desestimado el amparo de acceso a la información interpuesto por esta última.

La Corte de Apelaciones arguyó que los correos electrónicos generados desde una casilla institucional eran públicos en la medida que decían relación directa con el ejercicio de competencias públicas. Agregó, que no era posible sostener que la entrega de los mismos atentara contra la vida privada de los emisores, por cuanto correspondía a comunicaciones enviadas y recibidas en el ejercicio de funciones públicas por fiscalizadores que habrían intervenido en la revisión del impuesto de la requirente de información que sirvió de base a su Liquidación de Impuesto. Tampoco era sostenible que el acceso a dichos correos afectara las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 N°s 4 y 5 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, el Órgano Fiscalizador sostuvo que los correos institucionales tenían la naturaleza de una comunicación privada y como tal se encontraban amparados bajo la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de Ley N° 20.285, en relación con los números 4 y 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Arguyó luego, que lo público era lo que se comunicaba y no el medio por el cual se hacía por lo cual los correos electrónicos constituían de por si comunicaciones privadas independientemente de su emisor, aún cuando fuera un funcionario público, quedando resguardada constitucionalmente su privacidad.

La Corte Suprema, señaló que los correos electrónicos institucionales, en cuanto se refieran al trabajo interno del Servicio con exclusión de reseñas personales, corresponden a información pública, en cuanto se trata de una comunicación entre funcionarios públicos, emitida a través de canales institucionales, que puede ser considerada como complementaria de manera directa y esencial a un acto administrativo.

Además, el Máximo Tribunal esgrimió, en cuanto a la invocación de las garantías del artículo 19 N°s 4 y 5 de la Constitución, que el principio de publicidad recae en la información emanada de los órganos del Estado y referida exclusivamente a la función pública que estos desarrollan, sin que resultara procedente que el Órgano Fiscalizador invocara una reserva o secreto sobre la base de protección de comunicaciones de carácter privado, menos aún cuando se efectuaban por canales institucionales.

Luego, la Corte agregó que lo anterior había sido ratificado por el Tribunal Constitucional, el cual había sostenido que la entrega de los correos cedía ante el interés público de la información solicitada, pues esta limitación a la vida privada de los funcionarios públicos no importaba la negación de ese derecho, sino simplemente reducir el ámbito de su libertad a la intimidad por razones de orden público y moral pública.

El Máximo Tribunal concluyó que en este caso los hechos se encuadraban en las normas y principios señalados, porque lo pedido eran los correos electrónicos institucionales de los funcionarios del Servicio que se individualizaron y solo en aquella parte que tenía la finalidad de analizar la situación tributaria de la reclamante relativa a su declaración de Impuesto a la Renta del Año Tributario 2019. Por lo mismo, lo pedido se relacionaba directamente con un acto de la Administración, preciso y determinado, que , evidentemente, se encontraba dentro de la órbita pública haciendo improcedente la causal de reserva invocada.

La Corte continuó señalando que atendido el fundamento utilizado por el Órgano Fiscalizador, esto es, que los correos institucionales de sus funcionarios eran comunicaciones personales que correspondían a la vida privada de los mismos, el Servicio carecía de legitimación activa para comparecer en estos autos, al interponer un reclamo de ilegalidad en defensa del interés y derechos de particulares, respecto de los cuales carecía de la habilitación, olvidando que la citada Ley de Acceso a la Información Pública contemplaba en su artículo 20 inciso primero un procedimiento especial para las personas a quienes pudiera afectar la obligación de publicidad.

El Máximo Tribunal concluyó que la información obligada entregar, consistente en una comunicación entre funcionarios públicos en su calidad de tales a través de los medios institucionales destinados para ellos y sobre materias relativas al Servicio, constituían circunstancias de hecho que resultaban suficientes para descartar la expectativa de privacidad que se pretendía proteger por el Órgano Fiscalizador, sin que se hubiera configurado la única causal de reserva invocada por el recurrente.