Arias Galvez Carlos con Servicio de Impuestos Internos

En los autos Rol 3992-2013 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamo tributario iniciado por el contribuyente Carlos Edmundo Arias Gálvez, se dictó sentencia de primera instancia, la que corre de fojas 213 a 222, por la cual se rechazó íntegramente la reclamación deducida en contra de las Liquidaciones N° 18 y 19 de 23 de abril de 2002, por impuesto global complementario y reintegro del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta, relativas al año tributario 2001.

Elevado el proceso en recurso de apelación deducido por el reclamante, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el veredicto, con declaración que se exime al contribuyente del pago de los intereses moratorios por el período anulado y que fuera tramitado ante juez carente de jurisdicción.

En contra de dicha sentencia, el contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo a través de la presentación de fs.289, el que se ordenó traer en relación como se lee a fs. 310.

Primero: Que por el recurso se ha denunciado en un primer capítulo, la infracción de los artículos 68 y 97 N° 1 del Código Tributario . Sobre el primer precepto, explica que éste obliga a los contribuyentes a avisar al Servicio de Impuestos Internos, dentro de un plazo de dos meses, que han comenzado a ejercer actividades, admitiendo con ello la posibilidad que se dé inicio a éstas antes de informar al ente fiscalizador. Sin embargo, el fallo ha negado tal posibilidad al indicar que para desarrollar actividades se debe timbrar la documentación necesaria como el libro de contabilidad y las facturas o boletas, exigencia que no ha sido impuesto por la norma, y al concluir que hubo un fin premeditado en el aviso tardío de inicio de actividades se aparta de la realidad. Sobre el artículo 97 N° 1 del Código Tributario, expresa que dicha norma sanciona el retardo u omisión en la presentación de declaraciones con una multa, siendo ése el único castigo que puede disponerse. Sin embargo, lo decidido por los jueces del grado importa una sanción distinta a dicha conducta.

En un segundo capítulo, se alega la infracción del artículo 14 A ) N° 1 letras a ) y c ) de la Ley de Impuesto a la Renta , del Oficio del Servicio de Impuestos Internos N° 548 de 06 de abril de 2010, y los artículos 6 y 26 del Código Tributario . Indica que el artículo 14 A ) N° 1 de la Ley de Impuesto a la Renta establece los requisitos para funcionar como empresa unipersonal tributando en primera categoría y para que las rentas invertidas en ésta no se graven con impuesto global complementario requiere que no se retiren de la sociedad que recibe la inversión, por lo que no es exigencia que la sociedad receptora cuente con libros de contabilidad timbrados a la fecha de la inversión ni que demuestre el ejercicio de actividades. Tal artículo, explica, ha sido objeto de pronunciamiento en el Oficio N° 548, que determina los requisitos para operar como empresa unipersonal tributando en primera categoría, dentro de las cuales no se contempla contar con libros de contabilidad timbrados a la fecha en que se realice la inversión, ni que en esa oportunidad se deba registrar la operación. Este Oficio se vincula con lo previsto por el artículo 6 del Código Tributario, desatendido por el sentenciador, y que le confiere al Director del servicio la facultad de interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, debiendo ajustarse a los principios y normas sobre interpretación de ley. Finalmente, en cuanto al artículo 26 del Código Tributario, señala el recurrente que fue infringido al no considerar la buena fe con que se ajustó a la interpretación contenida en el oficio citado.

Asegura que los errores de derecho denunciados tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que de no haber incurrido en ellos el tribunal de segunda instancia habría revocado la decisión de primer grado; y por ello pide que se invalide aquella sentencia y se dicte una de reemplazo que acoja en todas sus partes el reclamo tributario, con costas.

Segundo: Que la sentencia de segunda instancia confirma sin modificaciones, en lo concerniente al recurso, el fallo de primer grado. Éste, a su vez, establece en su motivo tercero que el objeto de la litis es determinar si a la fecha de percepción de los dividendos, agosto de 2000, el reclamante era un contribuyente obligado a declarar renta efectiva según contabilidad completa, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta o si no lo estaba, para lo cual fijó como hecho a probar, en el considerando noveno, si el reclamante, al mes de agosto de 2000, ejercía actividades de primera categoría.