Potestad dictaminante de la Contraloría General de la República
| Tribunal | Tribunal Constitucional |
|---|---|
| Rol | 9004/2020 |
| Competencia | Inaplicabilidad de Precepto Legal (Art. 93 N° 6 - STC) |
| Fecha sentencia | 21 abr 2021 |
| Sala | Segunda Sala |
| Resultado | RECHAZA INAPLICABILIDAD según la lectura de BuscadorTributario |
Resumen
Generado con IA desde el fallo originalSe impugnaron artículos 5, 6 y 9 de la Ley 10.336 sobre atribuciones de la Contraloría y artículo 52 de la Ley 18.695 sobre municipalidades. El Tribunal Constitucional rechazó la inaplicabilidad en cuestión de control sobre máquinas electrónicas de juego.
Doctrina
La resolución del Tribunal Constitucional en el Rol 9004-2020 establece como Ratio Decidendi que la potestad dictaminante de la Contraloría General de la República es una atribución constitucional y legalmente conferida, delimitada por los artículos 5°, 6°, 9° y 19 de la Ley N° 10.336, así como por el artículo 52 de la Ley N° 18.695, y que dicha potestad no es absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes, siendo susceptible de control judicial. La mayoría argumenta que el cuestionamiento planteado por la requirente no se dirige a la inconstitucionalidad de los preceptos legales impugnados, sino al alcance y ejercicio de la potestad dictaminante en el caso concreto, lo cual corresponde ser resuelto por los jueces de fondo en la gestión pendiente, dado que el Dictamen N° 25.712 de 2019 se encuentra sujeto a revisión jurisdiccional. Asimismo, se afirma que la potestad dictaminante no puede ser utilizada para resolver asuntos de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, y que cualquier exceso en su ejercicio debe ser evaluado por los tribunales competentes. Como Obiter Dicta, la mayoría señala que la potestad dictaminante cumple una función relevante en el control de la legalidad de los actos administrativos, pero no puede llenar vacíos legales ni crear excepciones no previstas en la ley. Además, se destaca que esta potestad ha sido reconocida y consolidada históricamente, y que su ejercicio debe respetar los principios de juridicidad y de no invasión de competencias reservadas al legislador o al Poder Judicial. También se menciona que el control judicial de los dictámenes de la Contraloría garantiza que no existan actos estatales exentos de revisión jurisdiccional, asegurando así el respeto a los derechos fundamentales y la correcta aplicación de la normativa vigente.
Normas
Gestión pendiente
Recurso de protección Rol N° 165.025-2019, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago
La causa en la que el requerimiento buscaba surtir efecto.
Texto de la sentencia
REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 5º,
INCISO TERCERO, 6°, INCISOS PRIMERO Y FINAL; Y 9°, INCISOS
QUINTO Y FINAL, EN LAS FRASES QUE INDICA, DE LA LEY N°
10.336, DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y DEL ARTÍCULO
52 DE LA LEY N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES
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EN EL PROCESO ROL N° 165.025-2019, POR RECURSO DE PROTECCIÓN,
SEGUIDO ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO