Patente por no utilización de derechos de aprovechamiento de aguas

Doctrina

La resolución del Tribunal Constitucional establece como Ratio Decidendi que la patente por no uso de aguas constituye un tributo, y su aplicación en el caso concreto resulta inconstitucional, ya que obliga a la sociedad agrícola requirente a pagar un tributo manifiestamente injusto debido a circunstancias ajenas a su control, específicamente la tardanza de la Dirección General de Aguas (DGA) en resolver la solicitud de traslado del punto de captación de aguas. Se argumenta que la aplicación de los artículos 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9 del Código de Aguas, en este contexto, vulnera el artículo 19 N°20 inciso segundo de la Constitución, que prohíbe tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, y el artículo 1 inciso cuarto, que consagra el principio de servicialidad del Estado. Asimismo, se destaca que la inactividad de la DGA, al no resolver oportunamente la solicitud de traslado, genera una situación en la que el contribuyente se ve obligado a pagar un tributo por un hecho que no depende de su voluntad, lo que constituye una vulneración al principio de justicia tributaria. Como Obiter Dicta, el Tribunal señala que la patente por no uso de aguas tiene como finalidad evitar el acaparamiento especulativo de derechos de agua y promover un uso racional del recurso hídrico, en coherencia con la función social de la propiedad y la conservación del patrimonio ambiental, principios consagrados en los artículos 19 N°8 y 19 N°24 de la Constitución. Además, se menciona que la patente no es en sí misma desproporcionada ni injusta en términos generales, ya que su estructura considera factores geográficos, temporales y de cantidad de agua, y permite imputar su pago a otros impuestos, lo que refleja una regulación razonable y proporcional. Sin embargo, en el caso concreto, la demora administrativa de la DGA desvirtúa el propósito legítimo del tributo, generando una carga tributaria injusta para la requirente. El Tribunal también enfatiza que no es su competencia crear nuevas exenciones tributarias, pero sí excluir la aplicación de normas legales que, en un caso específico, resulten incompatibles con la Constitución. Finalmente, se resalta que el principio de servicialidad del Estado exige que las actuaciones de la Administración sean eficientes, oportunas y proporcionales, evitando que los administrados sufran perjuicios derivados de la inacción estatal.

Normas

Gestión pendiente

Recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° C-5420-2016

La causa en la que el requerimiento buscaba surtir efecto.

Texto de la sentencia