Maria del Pilar Martinez Blasco con Servicio de Impuestos Internos

Primero: Que el vicio de nulidad formal atribuido por la recurrente a la sentencia impugnada es el que se prevé en el artículo 768 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, aduciéndose que aquélla fue pronunciada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada.

Segundo: Que, según se expone, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción de 6 de abril de 2011, que decretó traer los autos en relación, tiene el carácter de sentencia interlocutoria, la que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil produce cosa juzgada una vez ejecutoriada. No obstante lo anterior, reclama el impugnante, dicho tribunal el día 2 de junio del mismo año declaró inadmisible el recurso de apelación deducido por su parte contra la sentencia de primer grado, por estimar que el escrito en que se contiene tal recurso carece de fundamentos y de peticiones concretas.

Tercero: Que el examen de los antecedentes corrobora la exactitud de la situación fáctica expuesta por el recurrente, en cuanto a la antinomia observable entre las decisiones contenidas en las resoluciones a que hace mención en su libelo.

Cuarto: Que, asentada tal premisa, prosiguiendo con el análisis orientado a determinar la concurrencia de los presupuestos constitutivos de la causal de invalidez que se ha alegado, es dable adscribir la naturaleza jurídico-procesal de la resolución a que se refieren los artículos 213 y 214 del Código de Procedimiento Civil, por medio de la cual la Corte de Apelaciones se pronuncia sobre la admisibilidad de un recurso de apelación, a la de una sentencia interlocutoria perteneciente a alguna de estas especies o categorías: aquélla que declara admisible el recurso ordenando traer los autos en relación, por resolver acerca de un trámite que sirve de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva posterior (la que decide la controversia planteada en el recurso, previo desarrollo de los trámites relativos a la vista de la causa); y la que declara la inadmisibilidad del recurso, por establecer derechos permanentes a favor de las partes.

Quinto: Que las sentencias interlocutorias, acorde con lo dispuesto en el artículo 175 del Código mencionado, producen excepción de cosa juzgada; atributo que corresponde, entonces, reconocerle a la resolución de la Corte de Apelaciones que declaró admisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado.

Sexto: Que sin perjuicio de lo que se lleva dicho, se debe tener presente que la cosa juzgada a que se alude en el motivo que antecede constituye una especie de cosa juzgada formal, en cuanto efecto generado dentro de un mismo proceso, y reconoce como principio subyacente aquel referido a la institución de la preclusión, conforme a la cual, dividido el procedimiento en etapas continuas que permiten llegar ordenadamente a su meta final, las partes y el tribunal pueden instar porque éstas se respeten, sancionando o corrigiendo las actuaciones irregulares. Sin embargo, traspasada cada una de las etapas sin que las partes o el tribunal insten por la revisión de las formas, dicho estadio procesal queda cerrado, por cuanto oportunamente no ha motivado se sustente algún agravio, salvo que se afecte la esencia del procedimiento y la ley disponga un motivo de nulidad expreso. Es así que se impide a las partes y al tribunal plantear nuevas cuestiones que en el tiempo y forma que dispone el legislador no se expresaron. En efecto, por regla general en la etapa de discusión se planteará la acción y la oposición; en la de prueba se ofrecerá, aceptará y rendirá la que estimen pertinente las partes, y en la de decisión se entregará el pronunciamiento del tribunal, sin que sea posible alterar este orden. Del mismo modo, emplazadas las partes a segunda instancia, mediante la notificación de la resolución que concede el recurso y el transcurso del plazo para hacerse parte en segunda instancia, el tribunal resuelve sobre la corrección de las formas, disponiendo se siga con el procedimiento ordenando la siguiente etapa, que en nuestro derecho será en cuenta o previa vista de la causa. De igual manera podrá disponer, en su caso, que las formas sean corregidas o, ante una transgresión sustancial, dar por concluida la revisión y emitir la sanción correspondiente.

Séptimo: Que, en este sentido, el principio de la preclusión, cuyo vínculo con el principio del orden consecutivo legal resulta incuestionable, se manifiesta en la connotación dinámica del proceso, que exige el avance inexorable de los actos del procedimiento hacia la sentencia, sin que ello pueda verse afectado por retrocesos o retardos injustificados.