Restricciones a la propiedad por declaratoria de zona típica

Doctrina

La mayoría del Tribunal Constitucional, integrada por los Ministros Marisol Peña Torres, Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino y Domingo Hernández Emparanza, rechazó el requerimiento de inaplicabilidad respecto de los artículos 29 y 30 de la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, considerando que la declaración de zona típica y las limitaciones que de ella derivan son constitucionalmente válidas al estar fundadas en la función social de la propiedad y en la conservación del patrimonio ambiental y cultural, conforme al artículo 19 N° 24° de la Constitución. La Ratio Decidendi se centra en que las limitaciones impuestas por los artículos impugnados no privan al propietario de los atributos esenciales del dominio, como el uso, goce y disposición, sino que constituyen restricciones legítimas derivadas de la función social de la propiedad, las cuales están justificadas por el interés público en la preservación del patrimonio ambiental y cultural. Además, se establece que estas limitaciones cumplen con los principios de igualdad y proporcionalidad, ya que se aplican de manera general y no discriminatoria a todos los propietarios de inmuebles dentro de zonas típicas, y persiguen fines legítimos como la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural. Los Obiter Dicta incluyen la afirmación de que la función social de la propiedad implica que esta debe armonizar los intereses del propietario con los de la sociedad, y que las limitaciones al dominio deben ser razonables y proporcionadas, evitando la privación del derecho en su esencia. Asimismo, se destaca que la normativa cuestionada no vulnera el principio de reserva legal, ya que la ley establece criterios claros para la actuación del Consejo de Monumentos Nacionales, como la exigencia de que las construcciones guarden relación con el estilo arquitectónico general de la zona. La mayoría también enfatiza que la declaración de zona típica no constituye una expropiación, ya que no transfiere el dominio del bien al Estado ni elimina las facultades esenciales del propietario, y que la regulación de la edificabilidad no es un atributo inherente al derecho de propiedad, sino una potestad pública que puede ser legítimamente ejercida por el legislador. Finalmente, se concluye que las limitaciones impuestas por los artículos 29 y 30 de la Ley N° 17.288 son compatibles con la Constitución, ya que persiguen fines lícitos, son idóneas para alcanzarlos y no afectan desproporcionadamente el derecho de propiedad.

Normas

Gestión pendiente

recurso de protección Rol N° 25.129-12 pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago

La causa en la que el requerimiento buscaba surtir efecto.

Texto de la sentencia