Inaplicabilidad de norma tributaria ya declarada inconstitucional

Doctrina

La inaplicabilidad es una acción constitucional que permite al Tribunal Constitucional declarar que un precepto legal en un caso concreto es contrario a la Constitución y no podrá ser aplicado por el juez. La inconstitucionalidad es un control abstracto que permite al Tribunal contrastar la norma constitucional con el precepto legal, con independencia de los efectos que su aplicación pudiera generar. La declaración previa de inaplicabilidad es un presupuesto procesal para que el Tribunal pueda pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del mismo precepto. La inaplicabilidad es un control concreto, que opera en el marco de la aplicación de la norma controlada y de los efectos que podría generar su aplicación en un caso pendiente, mientras que la inconstitucionalidad es un control abstracto. En la inaplicabilidad, el pronunciamiento busca la orden de no aplicar, por causa de inconstitucionalidad, el precepto controlado en un caso concreto, con efectos relativos, mientras que la declaración de inconstitucionalidad lo expulsa del sistema normativo, derogándolo con efectos sólo a futuro. El impulso para aperturar el proceso constitucional es distinto en ambos casos: en la inaplicabilidad corresponde a las partes de la gestión y al juez que conoce del proceso, mientras que en el proceso de inconstitucionalidad la Carta Fundamental consagra la acción pública para iniciarlo y faculta al Tribunal para actuar de oficio. En el caso de la inaplicabilidad, la norma declarada inaplicable sigue vigente, pero no puede aplicarse al caso concreto; en cambio, la declaración de inconstitucionalidad deroga el precepto controlado, sin efecto retroactivo, según lo previsto por el artículo 94 de la Constitución. La derogación en el ámbito del derecho puede conceptualizarse como “la cesación de la eficacia de una ley en virtud de la disposición o disposiciones de otra ley posterior. Importa privar a la primera de su fuerza obligatoria, reemplazando o no sus disposiciones por otra”. El artículo 94 consagra un efecto derogatorio sin reemplazo. La expresión “derogado” debe tomarse en su sentido natural y técnico, que generará su efecto propio, cual es el que la ley deja de tener el valor y eficacia de tal desde que se produce la derogación. La ley dispone para el porvenir, rigiendo todos los actos que se produzcan a partir de su entrada en vigencia, al mismo tiempo que la ley nada dispone acerca de los hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor. En el caso chileno, los efectos en el tiempo de la declaración de inconstitucionalidad están precisados en la Carta Fundamental, que decidió que la sentencia no producirá efectos retroactivos, lo que significa que sólo produce consecuencias a futuro, entendiéndose por tales a las situaciones que ocurran con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial. Si el artículo 116 del Código Tributario fue aplicado antes de que se ordenara la suspensión del procedimiento o se dictara sentencia, no puede posteriormente ser cuestionada su aplicación por ningún tribunal, puesto que el Tribunal Constitucional es el único órgano dotado de competencia privativa para pronunciarse sobre la inaplicabilidad de la ley vigente en un sistema concentrado de control, erradicando toda posibilidad de control difuso de constitucionalidad.

Normas

Gestión pendiente

No se identifica una gestión pendiente en la instancia judicial superior, ya que el Tribunal Constitucional declara que no puede pronunciarse sobre la inaplicabilidad de una norma derogada.

La causa en la que el requerimiento buscaba surtir efecto.

Texto de la sentencia