Exclusión de beneficios de reinserción social en delitos tributarios

Doctrina

La mayoría del Tribunal Constitucional, siguiendo una línea argumentativa que se basa en la jurisprudencia previa, declara la inaplicabilidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. Se argumenta que el derecho a punir no es absoluto y debe respetar la dignidad humana, sustentando principios limitadores del ius puniendi reconocidos en la Constitución, como los artículos 19, Nºs 1º, 2º, 3º y 7º (letras g y h). La opción de privar de libertad debe adoptarse solo si es estrictamente necesario y respecto de las conductas delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia, por lo que la ley no puede prescindir de la finalidad de reinserción social. La exclusión total de los beneficios de la Ley 18.216 vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado en los artículos 19, N°s 3° (inciso sexto) y 2° de la Constitución, específicamente el principio de proporcionalidad de las penas, que exige una relación entre la severidad de la pena y la gravedad del delito. La gravedad de un ilícito se determina por el quantum de la pena, y al comparar el delito atribuido al requirente con el resto de los delitos excluidos del beneficio de sustitución de penas privativas de libertad, se advierte una desproporción sustancial que es incompatible con la Constitución. Se enfatiza la importancia de la estabilidad de la jurisprudencia para la igual protección en el ejercicio de los derechos de todos los justiciables. En resumen, la norma impugnada es desproporcionada e inequitativa, limitando las facultades del juez de optar por la pena más idónea y es inidónea para cumplir con la reinserción social y la protección de la víctima.

Normas

Gestión pendiente

Proceso penal RUC N° 1700530791-0, RIT N° 4262-2017, seguido ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago

La causa en la que el requerimiento buscaba surtir efecto.

Texto de la sentencia