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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación interpuesto por la contribuyente en contra de la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana que había rechazado el reclamo presentado en contra de unas Liquidaciones emitidas por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente que determinaron diferencias por concepto de Impuesto Único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al haberse rechazado el crédito fiscal declarado por la contribuyente.

El Tribunal Tributario y Aduanero había concluido que habiéndose practicado Citación en conformidad a lo dispuesto por el artículo N° 18.320, la contribuyente había dado cumplimiento parcial a lo requerido, detectándose en la revisión practicada la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, existiendo antecedentes que incluso motivaron la presentación de una querella por delitos tributarios en contra de uno de sus proveedores. El Sentenciador agregó que la reclamante tampoco acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 N° 5 de la Ley sobre Impuesto a la Ventas y Servicios para tener derecho al crédito fiscal, ni la efectividad material de las ventas que señaló haber realizado y de los costos incurridos en ellas.

Por su parte, la recurrente arguyó que las Liquidaciones no resultaban procedentes por cuanto la Citación fue emitida fuera del plazo de seis meses que tenía el Servicio para su notificación aplicando indebidamente el plazo de seis años del inciso segundo del articulo 200 del Código Tributario. Ahora bien, la Corte de Apelaciones sostuvo que el artículo único de la Ley N° 18.320 establece en su numeral primero que se procederá al examen y verificación de los últimos treinta y seis períodos mensuales por los cuales se presentó o debió presentarse declaración, anteriores a la fecha en que se notificara al contribuyente requiriéndolo para que presentara dentro del plazo señalado en el artículo 63 del Código Tributario los antecedentes correspondientes. Agregó, que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral segundo del citado artículo único, el Servicio se entendía facultado para examinar o verificar todos los períodos comprendidos dentro de los plazos de prescripción establecidos en el artículo 200 del mismo Código, cuando con posterioridad a la notificación ya señalada, se estuviera, entre otros, en los casos de infracciones sancionadas con pena corporal, y cuando el contribuyente, dentro del plazo señalado en el N° 1, no presentara los antecedentes requeridos en la notificación indicada en dicho número. Por lo tanto, el Tribunal de Alzada arguyó que, según el numeral cuarto del citado artículo único, el Órgano Fiscalizador disponía del plazo fatal de seis meses para citar para los efectos referidos en el artículo 63 del Código Tributario, liquidar o formular giros por el plazo que se hubiera examinado, contado desde el término que tenía el contribuyente para presentar los antecedentes requeridos en la notificación señalada en el número uno. Además, la Corte de Apelaciones expresó que en presente caso los períodos investigados correspondían a los Años Tributarios 2011 a 2015, habiendo sido la contribuyente objeto de requerimiento de antecedentes notificado el 9 de enero de 2015, al cual dio respuesta dentro del plazo conferido por el Servicio, esto es, los días 10, 25 y 26 de febrero y 10 de marzo, todos de 2015. La Magistratura indicó que, no obstante lo anterior, la Citación practicada a la contribuyente solo tuvo lugar el 1 de enero de 2016, es decir, transcurrido el plazo general de prescripción establecido en el numeral cuarto del artículo único, tantas veces citado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal de Alzada sostuvo que no le era posible al Órgano Fiscalizador extender este plazo conforme al numeral tercero del mencionado artículo estimando que las declaraciones presentadas eran maliciosamente falsas, atendido a que el único indicio a su respecto pudo constituirlo una querella por delitos tributarios interpuesta contra una de las proveedoras cuestionadas, pero que lo fue muy posteriormente, esto es, el 27 de julio de 2017, causa en que, además, se tuvo por comunicada la decisión de no perseverar por el parte del ente persecutor.