Gomberoff Schwartstein, Manuel con Servicio de Impuestos Internos

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

a) del considerando 22° se eliminan los párrafos segundo a séptimo y el noveno, y del párrafo octavo se suprime desde la expresión “En consecuencia” hasta el punto final;

b) y se quitan los razonamientos 24° y 26°.

Y se tienen en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, tratándose de normas tributarias que establecen cargas o presunciones en perjuicio del contribuyente, resulta aplicable con especial fuerza la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República, conforme a la cual sólo la ley puede establecer tributos, determinar sus elementos esenciales y fijar los supuestos que dan lugar a su aplicación. Este principio se proyecta necesariamente en el ámbito interpretativo, imponiendo una exégesis estricta de las normas impositivas que establecen obligaciones o ficciones legales, especialmente cuando se trata de presunciones de derecho que no admiten prueba en contrario.

En ese sentido, la regla contenida en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que considera retirado un monto equivalente al 11% del avalúo fiscal del inmueble destinado al uso personal de un socio o accionista, constituye una presunción iure et de iure en perjuicio del contribuyente, cuya aplicación debe ceñirse rigurosamente a los supuestos expresamente previstos por el legislador. Así, dicha norma únicamente contempla la hipótesis de utilización total del bien raíz registrado en el activo de la empresa, lo que no habilita extender sus efectos -en tanto presunción de derecho- a situaciones no previstas, como lo sería su utilización parcial. Cualquier intento de ampliar dicha presunción a supuestos distintos, mediante analogía o interpretación extensiva, vulnera la mencionada garantía constitucional, resultando jurídicamente improcedente.

Segundo: Que, por otra parte, el citado artículo 21 prevé la posibilidad de graduar el monto del retiro presumido en función del tiempo efectivo de uso del bien raíz durante el ejercicio respectivo. En efecto, la norma dispone que “se presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio será (...) de 11% del avalúo fiscal tratándose de bienes raíces, cualquiera sea el período en que se hayan utilizado los bienes en el ejercicio o en la proporción que justifique fehacientemente el contribuyente”. Esta disposición faculta al contribuyente para acreditar un uso inferior al total del ejercicio, permitiendo así una reducción proporcional del beneficio presunto.