Apremio sin requisitos previos en gestión de cobranza tributaria

Doctrina

La resolución del Tribunal Constitucional establece como Ratio Decidendi que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, resulta inaplicable en la gestión pendiente por vulnerar los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y racionalidad en la determinación de penas, al limitar de manera desproporcionada la posibilidad de aplicar penas sustitutivas a las privativas de libertad, afectando así los derechos fundamentales de los condenados, en particular su dignidad y la finalidad de reinserción social de las penas. La mayoría argumenta que la exclusión de penas sustitutivas no puede justificarse sin un análisis racional y proporcional del caso concreto, ya que las penas sustitutivas también constituyen sanciones efectivas que restringen derechos y cumplen fines punitivos y preventivos, como la reinserción social y la protección de las víctimas. Asimismo, se señala que el legislador no puede prescindir de la finalidad de reinserción social al establecer reglas de punición, y que el uso de penas privativas de libertad debe reservarse para los delitos más graves que afecten bienes jurídicos de alta importancia, en línea con el carácter fragmentario del Derecho Penal. Como Obiter Dicta, se destaca que las penas sustitutivas no son sinónimo de impunidad, sino que representan un equilibrio entre los derechos de los condenados, las víctimas y la seguridad pública, y que la Ley N° 20.603 reforzó el carácter punitivo de estas medidas al eliminarlas como 'alternativas' y denominarlas 'penas sustitutivas', lo que refuerza su naturaleza sancionatoria. Además, se menciona que históricamente los sistemas de prisión han demostrado ser ineficaces para la rehabilitación, mientras que las penas sustitutivas ofrecen mejores resultados en términos de reinserción social. La mayoría también resalta que la proporcionalidad de las penas debe ser evaluada en función del quantum de la pena en abstracto y en concreto, y que la exclusión total de ciertos delitos de los beneficios de la Ley N° 18.216 genera una desproporción e irracionalidad incompatible con la Constitución. Finalmente, se subraya que el principio de humanidad limita el ius puniendi del Estado, exigiendo que las penas no sean un mero castigo, sino que busquen la rehabilitación y la reintegración del condenado a la sociedad.

Normas

Gestión pendiente

Causa RUC N° 1701082098-7, RIT N° 4246-2017, seguido ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago.

La causa en la que el requerimiento buscaba surtir efecto.

Texto de la sentencia