Impuesto específico a la renta operacional minera

Doctrina

La mayoría del Tribunal Constitucional, conformada por los Ministros María Luisa Brahm Barril, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán y María Pía Silva Gallinato, rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por SQM Salar S.A., considerando que el conflicto planteado no constituye un problema de constitucionalidad sino de mera legalidad, siendo competencia del juez de fondo determinar si el litio extraído por la requirente es una sustancia concesible y, por ende, si está afecto al impuesto específico establecido en el artículo 64 bis de la Ley de Impuesto a la Renta. La Ratio Decidendi se fundamenta en que el artículo 64 bis contiene todos los elementos esenciales del tributo, como el hecho gravado, los sujetos pasivos y la base imponible, cumpliendo con el principio de reserva legal tributaria consagrado en el artículo 19 N° 20 de la Constitución. Asimismo, se estableció que no se vulnera el principio de igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad, ya que el tratamiento tributario diferenciado entre los explotadores de litio bajo concesiones históricas y aquellos que operan mediante contratos especiales de operación responde a la naturaleza jurídica diversa de ambos regímenes. Además, se consideró que el Servicio de Impuestos Internos actuó dentro de sus competencias al interpretar la normativa tributaria aplicable, sin exceder los límites que le fija el ordenamiento constitucional. Entre los Obiter Dicta, se destacó que el litio, al ser declarado inconcesible por la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el Código de Minería, está sujeto a un régimen especial que permite su explotación únicamente bajo excepciones legales específicas, como las concesiones constituidas antes de 1979. También se señaló que el principio de invariabilidad tributaria, invocado por la requirente, no es aplicable en este caso, ya que no existe una garantía expresa de exención tributaria para la explotación de litio bajo concesiones históricas. Finalmente, se concluyó que el legislador tiene la facultad de modificar las condiciones normativas que regulan las actividades económicas, incluyendo la imposición de tributos, siempre que se respete el marco constitucional.

Normas

Gestión pendiente

Pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol de Ingreso Corte N° 30-2019

La causa en la que el requerimiento buscaba surtir efecto.

Texto de la sentencia