Inmobiliaria las Pataguas S.A. con Servicio de Impuestos Internos

Se reproduce la sentencia de primera instancia, con excepción de los párrafos segundo y tercero del motivo 18° y de los fundamentos 20°, 23° y 25°, todo lo cual se elimina.

Primero: Que el presente proceso se inició por reclamo tributario interpuesto contra la Resolución exenta N° 1.145, de 3 de diciembre de 2004, que declaró improcedente la pérdida tributaria de $172.653.587 y rechazó la devolución del Pago Provisional por Utilidades Absorbidas ascendente a $23.451.201 solicitada por xxxxx en su declaración anual de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2002. Durante la substanciación del asunto la parte reclamante opuso la “excepción de prescripción” y, en subsidio, la de cosa juzgada. La sentencia de primera instancia rechazó estas excepciones y lo propio hizo con el reclamo, alzándose la contribuyente por la vía del recurso de apelación, requiriendo en primer término el ejercicio de la facultad del artículo 140 del Código Tributario, en su texto vigente a la fecha de los hechos, pues estima que se incurrió en los vicios de ultra petita al resolver la excepción de prescripción y la defensa de fondo y en el de falta de decisión del asunto controvertido, en lo que dice relación con la misma excepción de prescripción. En subsidio pide la revocación del fallo alegando nuevamente la procedencia de las excepciones de prescripción y cosa juzgada.

Segundo: Que en cuanto a la excepción de prescripción, la Corte coincide con los fundamentos que se exponen en el fallo de primera instancia para desestimarla en cuanto “excepción de prescripción”, como la denominó la parte reclamante. Las normas que gobiernan la prescripción en materia tributaria son los artículos 200 y 201 del Código Tributario y sus presupuestos no se configuran en el caso de autos como para que se justifique declararla. El tribunal es conocedor del derecho y soberano para aplicarlo al caso de que se trate, independiente de su correcta o incorrecta invocación por la parte, de modo tal que no hay ultra petita alguna en la decisión del sentenciador de primera instancia al haber fallado la petición del actor, que equivocadamente denominó como prescripción, de la manera que lo hizo. Cuestión distinta -y que es aquello que es posible advertir pretende la parte reclamante- supone la aplicación de la norma del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

Tercero: Que con arreglo a este precepto, referido a las Garantías Judiciales, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ahora bien, la eventual cabida que pueda darse a esta regla en un proceso judicial dice relación únicamente con una consideración de racional y justo procedimiento, esto es, de debido proceso y no con aspectos sustantivos propios de la prescripción extintiva o liberatoria. Ahora bien, la ley chilena no sólo no define qué debe entenderse por “plazo razonable”, sino que tampoco señala qué consecuencias se siguen de estimarse vulnerada esta garantía judicial en caso de sobrepasarse ese “plazo razonable”. De producirse esta última situación, el efecto esperable no puede ser otro que la ineficacia de ese procedimiento en que no se ha observado una de las garantías que se considera como mínimas, en tanto evidentemente ha de reconocerse una consecuencia por la contravención que de no haberla privaría a la garantía de toda significación práctica.

En este entendido, y aun aceptando la posibilidad de declarar tal ineficacia no obstante no contemplársela en el ordenamiento, en el caso de la especie y sin perjuicio de la extensa tramitación del proceso en todas sus instancias y las vicisitudes que ha enfrentado su substanciación, no puede estimarse que se haya sobrepasado el término razonable a que se refiere la regla internacional.

Se dijo más arriba que la ley no ha definido qué ha de entenderse por “término razonable”, de modo tal que toca a la jurisdicción delimitar el contenido de este concepto. Para estos efectos, si, por una parte, se tiene en consideración los plazos que el ordenamiento ha previsto tanto para la fiscalización de la declaración de los tributos como para su pago -que evidentemente coincide con los términos de prescripción de la acción fiscalizadora y de la de cobro y que en su hipótesis más favorable para el contribuyente es de tres años-, en momento alguno el proceso ha permanecido paralizado por más de ese plazo, de modo tal que resulte plausible afirmar que se ha excedido de lo razonable. Por otra parte, ha contribuido a la extensa tramitación de la causa la decisión de esta Corte en orden a anular lo obrado en razón de haberse sustanciado en un principio ante un tribunal que carecía de jurisdicción, para luego la tramitación posterior ante el Director Regional extenderse por un término esperable para aquellos procesos de la misma naturaleza y complejidad que el presente, hasta el ejercicio por el contribuyente del derecho de opción de acuerdo a lo previsto en el artículo 2° transitorio de la Ley Nº 20.322 el 13 de junio de 2014, tramitándose el asunto en definitiva por el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, que lo falló el 10 de marzo de 2020.

En tales condiciones y por no advertirse contravención a la regla del tratado internacional que se ha invocado para sustentar la pretensión que equivocadamente se denominó de prescripción, ésta no puede ser oída.