Sociedad Constructora el Arrayan LTDA. con Servicio de Impuestos Internos IX Direccion Regional.

En los autos Rol N° 16588-2014 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación tributaria, el abogado don Erwin Errandonea Geldres, en representación de la DIRECCIÓN REGIONAL TEMUCO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, deduce, en lo principal de fojas 472, recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada el tres de abril de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó el fallo de primera instancia que acogió la reclamación y dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 109101000091 de 10 de septiembre de 2012, que declaró improcedente la devolución de un saldo a favor solicitado en la declaración de renta del año tributario 2010.

Se trajeron los autos en relación, tal como se lee a fs. 505.

Primero: Que por el recurso se denuncia, en primer término, la infracción del artículo 3 de la Ley N° 19.880, porque al no haber sido aplicado se desconoció el valor probatorio que la ley le otorga al acto administrativo reclamado y la presunción de legalidad de que está revestido, que surte sus efectos hasta que logra destruirla quien pretende liberarse de ellos. Es improcedente, afirma, que la propia administración deba justificar y acreditar su validez.

En el segundo capítulo del arbitrio se reclama la infracción del artículo 13 de la Ley N° 19.880, referido al principio de la no formalización que busca la permanencia o conservación de los actos administrativos, de manera que no se permite su extinción por cualquier vicio, salvo que se afecte su validez. En este caso los sentenciadores dejaron sin efecto el acto administrativo dictado por un funcionario competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y cumpliendo con los requisitos legales, durante cuya tramitación se conservó el derecho a defensa del contribuyente. Afirma que la reclamante pretende que la resolución administrativa comprenda una valoración detallada de los antecedentes y que tenga los caracteres de una decisión judicial, contrariando el principio invocado.

Alega el recurso, en tercer lugar, la errónea interpretación de los incisos 3 y 4 del artículo 41 de la Ley N° 19.880, que se advierte cuando la sentencia sostiene que el acto carece de fundamentación luego de exigirle requisitos que no están en el ordenamiento jurídico, obviando que se presume legal y su contenido no fue objeto de prueba. Por otro lado, indica que la norma busca proteger el derecho de defensa del ciudadano, que en este caso se pudo ejercer adecuadamente.

También se denunció la contravención del artículo 21 del Decreto Ley N° 910 de 1975 sobre crédito especial de empresas constructoras, ya que se reconoció este derecho a la reclamante sin que el fallo señale de qué manera se estableció el cumplimiento de los requisitos legales para tener acceso al mismo.

Reclama, enseguida, la contravención del artículo 21 del Código Tributario, ya que la sentencia alteró el onus probandi al indicar que la prueba de la reclamada no ayuda a aclarar la falta de congruencia entre lo declarado por el contribuyente y los antecedentes con que cuenta el servicio, trasladando indebidamente el efecto del incumplimiento de la carga de probar. Además, alega la transgresión del artículo 132 inciso décimo cuarto del Código Tributario, que impone el deber de expresar las razones jurídicas, lógicas científica, técnicas o de experiencia por las cuales se asigna o no valor a las pruebas, la que se produjo porque la sentencia no realizó ese ejercicio de ponderación, resolviendo sin respaldo probatorio, y dando por acreditados hechos que no fueron considerandos en la interlocutoria de prueba.