Mutual de seguridad de la Camara Chilena de la Construcción con Servicio de Impuestos Internos

Primero: Que en lo principal de su libelo el abogado, en representación de XXX, ha deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Ríos que rechazó su reclamo interpuesto en contra de las Res. Ex. N° 169 y 170, del Departamento de Avaluaciones de la XVII Dirección Regional Valdivia del Servicio de Impuestos Internos, de veintidós de julio de dos mil veinte.

Segundo: Que por el recurso de casación en el fondo se denuncia la infracción a lo dispuesto en los artículos 19 a 22 del Código Civil y se incurre en “diversas infracciones” a la Ley 17.235.- y su cuadro anexo en el número I sobre exención de impuesto territorial, letra c) N° 8.

En lo que a dichas infracciones se refiere, expone básicamente la recurrente que la sentencia impugnada transgrede las normas antes referidas por cuanto al confirmar la sentencia de primer grado, rechazando su reclamación efectuada en contra de las Res. Ex. N° 169 y 170, de 22 de julio de 2020, por concepto de exención del 100% del impuesto territorial, contenida en la Ley 17.235, en el número I sobre Exención de Impuesto Territorial del 100%, letra C) número 8, y estimar que la reclamante no corresponde a una institución de socorros mutuos sino a una de previsión social y, además, que los inmuebles objeto de la presentación no corresponden a una sede social por cuanto en ellos no sólo se prestarían servicios a los adherentes a la misma, incorporó requisitos distintos a los establecidos expresamente la normativa legal del rubro.

Agrega que en ninguna parte de la norma legal que establece la exención solicitada se indica que la calidad de institución de socorro mutuo excluye otra calificación distinta, menos señala la imposibilidad de que un organismo de previsión social pueda ejercer funciones como institución de socorro mutuo y bajo ni una circunstancia establece la obligatoriedad de afiliarse a la Confederación y que la norma de la Ley 17.235 citada distingue expresamente entre instituciones de socorro mutuos puras y simples y las federaciones o confederaciones que las agrupan, por lo que no solo pueden acceder a la exención las sedes sociales de una confederación de instituciones de socorro mutuos, ya que esa es sólo una hipótesis que establece la norma legal en conflicto, sino que se encuentran plenamente habilitadas para acceder al beneficio las Sedes sociales de instituciones de Socorros Mutuos, y que si el legislador hubiera querido restringir y condicionar la aplicación de la exención solo a las instituciones que se encuentren afiliadas a la Confederación, lo habría expresado, siendo normas de interpretación restrictiva, reuniendo la institución reclamante los requisitos legales de una institución de socorro mutuo, lo que justifica en un análisis que hace de la historia de esa ley.

Concluye señalando que de haber interpretado y aplicado de conformidad a lo prescrito en los artículos 19, 20, 21 y 22 incisos 1° del Código Civil el texto expreso de las disposiciones legales infringidas, se habría fallado en el sentido de acoger el reclamo interpuesto.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto, es conveniente precisar que la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia de primera instancia que negó lugar al reclamo presentado.

Para los sentenciadores no existió mérito para acoger lo pedido, entendiendo que la naturaleza jurídica de las mutualidades de empleadores son diferentes a la sociedades de socorros mutuos, por cuanto las primeras son organismos de previsión social, lo que se ratifica por la normativa del título VII de la ley 16.744 “Prevención de riesgos profesionales”, que le impone exigencias y obligaciones, pudiendo incluso sancionarse a un trabajador que sufra accidentes o enfermedades profesionales debido a su negligencia. Su ejercicio no se limita a la asistencia mutua de quienes componen o integran la agrupación. Estas mutualidades son supervisadas y fiscalizadas por distintos organismos públicos y deben rendir cuenta estricta de su movimiento económico. Las instituciones de socorros mutuos no se encuentran sometidas a esta rigurosa fiscalización precisamente por la naturaleza de sus actividades, las que se encuentran destinadas a la asistencia mutua de los miembros que las integran, lo que demuestra desde otro punto de vista, que no son entidades de previsión social ni le son aplicables la normativa que rigen a estas últimas. Algunas de sus finalidades tienen coincidencia en términos generales, con aquellas de las organizaciones sindicales, en especial con las de los números 5 y 6 del artículo 220 del Código del Trabajo.