Agrocomercial Santa Eliana SpA. con Servicio de Impuestos Internos

La Corte Suprema rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos respecto de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua que acogió el Recurso de Protección en contra del Ente Fiscal por el bloqueo de la clave de acceso a los sistemas de la contribuyente.

La contribuyente alegó vulneración de sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 21 y 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental, así como también el debido proceso, en atención a la falta de notificación de la medida. Así, la Sociedad señaló que acudió a dependencias del Servicio, donde se le informó que su clave estaba inutilizada debido a inconsistencias en las declaraciones mensuales. Para recuperarla, debía primero aclarar dichas irregularidades, lo que consideró una medida de apremio que vulneraba los derechos establecidos en los números 14 y 16 del artículo 8 bis del Código Tributario. Además, explicó la contribuyente, la falta de notificación e información por parte del Ente Fiscal sobre la medida que aplicó la hacía arbitraria y vulneraba los derechos tributarios señalados anteriormente, lo que constituía un acto viciado de ilegalidad.

Por último, la contribuyente arguyó que la aplicación de la medida de bloqueo de la clave de acceso al portal del Servicio no estaba contemplada en ninguna norma legal de carácter tributario, ni en otras disposiciones, lo que infringía el principio de legalidad de los actos de la Administración del Estado, especialmente de los organismos tributarios, según lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el Ente Fiscal explicó que utilizaba el Modelo Integrado de Gestión Tributaria para detectar inconsistencias y aplicar medidas como el bloqueo de claves, incentivando de esta forma a que el contribuyente aclarara dichas inconsistencias. Además, explicó el Servicio, que la recurrente, clasificada con alto riesgo desde diciembre de 2023, presentaba indicios de posibles delitos tributarios, relacionadas con el uso de IVA crédito fiscal en Formularios 29, posiblemente mediante facturas falsas. El Servicio argumentó que el bloqueo de la clave fue una medida provisional legítima dentro de sus facultades fiscalizadoras, dado que no pudo verificar antecedentes como domicilio y actividad económica de la sociedad y el contribuyente no había regularizado su situación.

El Máximo Tribunal acogió todos los argumentos de la Corte de Apelaciones en cuanto a que, de acuerdo a los artículos 6 y 8 N°16 del Código Tributario, y al artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, en relación a la administración del sitio web, se desprendía que no existía norma alguna que lo facultara a bloquear el acceso a la plataforma virtual. Además, indicó el Tribunal A quo, que el propio recurrido fundó su actuar en el Modelo Integrado de Gestión de Cumplimiento Tributario, plan confeccionado por el mismo Organismo, lo cual no constituía una justificación suficiente del actuar denunciado, pues se asimilaba a la autotutela.

Asimismo, la Corte Suprema confirmó que el Órgano de Control reconoció que la acción denunciada no tuvo ninguna fundamentación ni le fue comunicada al recurrente por ser ésta transitoria, lo que la tornó arbitraria e ilegal, toda vez que el artículo 8 bis del Código Tributario resguardaba ese derecho. Por otra parte, el Máximo Tribunal también estuvo de acuerdo en que el Servicio sostuvo que la medida del bloqueo no afectó la actividad económica del contribuyente, pero conforme a lo mencionado por la Corte de Apelaciones ello contradecía su propósito de obligarlo a justificar o regularizar los aspectos cuestionados, lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Servicio.

Por último, la Magistratura concluyó que el Órgano Fiscalizador no notificó ni fundamentó el bloqueo de la clave de la actora, afectando su actividad económica y vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 Nºs 2, 21 y 24, por lo que confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones, en orden a acoger el Recurso de Protección impetrado por la contribuyente