Industrial y Comercial P&P SpA con Servicio de Impuestos Internos

La Corte Suprema acogió el recurso de apelación que interpuso el Servicio en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, que acogió el recurso de protección interpuesto respecto de una Resolución de la IV Dirección Regional Coquimbo del Servicio, mediante la cual se revocó la autorización para la emisión de documentos tributarios, en atención a que la contribuyente no contaba con instalaciones mínimas necesarias para desarrollar su actividad o giro, y a que el domicilio que declaró era falso o inexistente, conforme con el artículo 59 bis letra c) del Código Tributario. El Servicio señaló en su recurso que la restricción de la autorización de documentos tributarios la realizó dentro del marco legal vigente, conforme con sus competencias y facultades, lo que permite descartar la ilegalidad y arbitrariedad que alegó la contribuyente. Además, agregó que la sentencia no consideró la conducta de la Sociedad, en especial el hecho de que se realizó un proceso de fiscalización en el cual se estableció que aquella no contaba con instalaciones mínimas necesarias para el desarrollo de la actividad o giro declarado, que se calificó su domicilio como falso o inexistente y que no acreditó su actividad económica, por todo lo cual emitió una Resolución que revocó la autorización para emitir documentos tributarios, de acuerdo con lo establecida en los artículos 8° ter y 59 bis letra c) del Código Tributario. En ese sentido, el Organismo Fiscalizador destacó que la medida tenía un carácter provisional, mientras subsistieran las razones que fundamentaron la dictación de la Resolución que revocó la autorización para emitir documentos tributarios, por lo que no se afectaron las garantías establecidas en el artículo 19 números 2, 21 y 22 de la Constitución Política de la República. La Corte Suprema estableció que se acreditó que el Ente Fiscal dictó una Resolución Exenta, con fecha de 16 de abril de 2025, mediante la cual revocó la autorización para emitir facturas electrónicas y cualquier otro documento tributario. Luego, señaló que dicha Resolución se fundó en la causal del artículo 59 bis letra c) del Código Tributario, toda vez que la contribuyente no mantenía instalaciones mínimas necesarias para desarrollar su actividad o giro y que su domicilio era falso o inexistente. Por lo anterior, el Máximo Tribunal concluyó que el Servicio se encontraba facultado para ordenar tal revocación, conforme con la potestad contemplada en el artículo 8° ter del Código Tributario y, en consecuencia, el Acto no fue arbitrario ni ilegal, sino producto de un proceso de fiscalización que concluyó con un Acto Administrativo debidamente notificado a la actora en abril de 2025. En efecto, agregó el Tribunal Supremo, que la recurrida tuvo la oportunidad de aportar antecedentes, se revisaron las facturas que emitió y las de sus proveedores. Asimismo, se investigaron los domicilios que informó la contribuyente, conforme con lo cual se estableció que no tenía instalaciones mínimas necesarias para el desarrollo de su actividad o giro, y que el domicilio que declaró era falso o inexistente, por todo lo cual determinó que la decisión del Órgano Fiscalizador no fue arbitraria, sino debidamente fundada y conforme con la normativa vigente.