Barba/tesorería Regional Metropolitana

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos quinto al octavo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar, y además, presente:

Primero: Que recurre de protección don Vicente Barba Gutiérrez, en contra de la Tesorería Regional Metropolitana, impugnando el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la negativa a reemplazar un cheque emitido por la recurrida el 21 de agosto de 2020, a nombre de su madre fallecida, doña María Gutiérrez García, por concepto de devolución de impuestos, por la suma de $6.234.384, fundada en la prescripción del derecho conforme al artículo 2521 del Código Civil.

Segundo: Que por sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago se rechazó la acción constitucional referida, entendiendo el tribunal que subyace a la discusión una cuestión de fondo, que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado y que, de todos modos, la decisión de la recurrida no puede ser calificada de ilegal o arbitraria, por cuanto se habría limitado a aplicar la normativa vigente.

Tercero: Que la parte recurrente dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia referida en el considerando precedente, reiterando los argumentos señalados en su libelo y subrayando la existencia de antecedentes documentales que demuestran, de manera irrefutable, la existencia y titularidad del crédito reclamado, derivado de una devolución de impuestos ya reconocida por la administración, así como su calidad de único heredero de la beneficiaria original.

Asimismo, sostiene que la decisión de la recurrida, al fundarse exclusivamente en la aplicación de un instituto como el de la prescripción, sin mediar una declaración judicial, constituye un acto carente de fundamento legal, que vulnera las garantías constitucionales invocadas.

Cuarto: Que, esta Corte ha expresado que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.