Rubén Rodríguez y CIA. LTDA. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol Nº 3635-2012 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación de acta de denuncia, iniciados por el contribuyente, Sociedad Rubén Rodríguez y Cía. Ltda., representada por don Rubén Rodríguez Poirrier, se dictó sentencia de primer grado el dieciocho de octubre de dos mil once, que rola a fojas 125 y siguientes, por la que se confirmó el acta de denuncia en contra de la sociedad reclamante, por la infracción prevista y sancionada en el artículo 97 N° 4 , incisos 1 y 2 del Código Tributario, aplicando a la denunciada una multa de $102.614.883.- equivalente al 100% de los impuestos adeudados, debidamente reajustados a la fecha de ese fallo.

Dicha decisión fue apelada por la reclamante a fojas 132, y objeto de pronunciamiento por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el trece de marzo de dos mil doce y que rola a fojas 151 y siguientes, en virtud de la cual se confirmó la sentencia de primer grado.

A fojas 154 y siguientes, la defensa de la contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo, que se trajo en relación por resolución de fojas 174.

PRIMERO: Que en el recurso interpuesto se indican como normas infringidas, en primer término, los artículos 14 Nº 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 5 ° Constitución Política de la República, ya que si bien es un hecho de la causa que su parte incorporó en su contabilidad, en los períodos tributarios revisados, facturas de proveedores que dan cuenta de operaciones inexistentes, aumentando el crédito fiscal que fue imputado a débito fiscal, también lo es que realizó las declaraciones rectificatorias correspondientes, por lo que se giraron los impuestos con sus respectivos reajustes, intereses y multas, y ellos fueron debidamente cancelados, conforme aparece de fojas 70 a 84, y así fue reconocido en el motivo 5° de la sentencia de segunda instancia. Por ello, al confirmar lo resuelto, sancionándole de todos modos, se vulnera el principio non bis in ídem, ya que aunque la conducta vulnere distintas normas, no significa que ellas protejan distintos bienes jurídicos, como es el patrimonio fiscal, lo que demuestra lo improcedente de la doble condena impuesta a su parte, y así lo ha resuelto el propio Servicio de Impuestos Internos en su circular 60 de 2001, cuando sostiene que ante casos como éste, deberán rectificarse las declaraciones y, en cuanto a la sanción de la infracción tributaria, aplicarse la multa contemplada en el artículo 97 Nº 11 del Código Tributario.

En segundo lugar, sostiene que lo resuelto vulnera lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, y en el artículo 80 del Código Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 97 Nº 4 inciso 2 del Código Tributario, ya que se ha infringido el principio de legalidad en la imposición de la multa, porque esta última disposición establece una figura penal compleja que se sanciona con pena dual, no obstante lo cual el artículo 162 inciso 3 ° del Código Tributario confiere al Director la facultad discrecional de ejercer la acción criminal para la aplicación de la pena corporal, o la acción de cobro para la aplicación de la multa o bien ambas; y las penas cuya aplicación se determine, deben serlo en la forma prescrita por la ley. En este caso, se verifican las infracciones denunciadas porque la norma invocada como fundamento para la sanción demanda que los impuestos se adeuden y, a la fecha en que el Director decidió perseguir el cobro de las multas, los tributos estaban pagados.

Por ello, al no adeudarse impuestos al momento de formular el acta de denuncia, se viola el artículo 80 del Código Penal, al imponer una multa, yendo más allá de la letra de la ley.

Por último, denuncia que lo resuelto infringe los artículos 7 de la Constitución Política de la República, 1683 del Código Civil, y 19 a) del DFL Nº 7 , Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, en concordancia con la circular 60 de 4 de septiembre de 2001, ya que la sentencia recurrida expresamente señala, en su considerando 8°, que no se emitirá pronunciamiento sobre la nulidad del acto administrativo planteada en la apelación, lo que contraviene el artículo 1693 citado, que impone al juez la obligación de declarar la nulidad absoluta, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Sostiene que la Circular 60 estaba vigente a la fecha de inicio de la fiscalización y hasta la traba de la litis, reconociendo el acta de denuncia la atenuante de pago total de los impuestos adeudados. Por ello, atendido el tenor de la circular aludida, el acto reclamado carece de causa, de objeto y no se ajusta a la forma prescrita por la instrucción, que es obligatoria para todos los fiscalizadores ya que fue dictada por el Director del Servicio de Impuestos Internos, en ejercicio de sus atribuciones privativas.