Espinoza Cortes, José Miguel con Servicio de Impuestos Internos la Serena

La Serena, veintinueve de julio de dos mil veinte.

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 19°, que se eliminan.

Y tenido en su lugar, y, además, presente:

1º) Que, a fojas quince, se interpuso reclamo en procedimiento general en contra de las liquidaciones Nº 145, 146, 147 y 148, todas de fecha 11 de octubre de 2018, las que corresponden a reintegro por los periodos mayo 2014, junio, agosto y septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Expone el actor, que las liquidaciones aludidas carecen de fuente y, consecuencialmente, su representado adolece de legitimación pasiva para que el Servicio de Impuestos Internos persiga el cobro de una deuda tributaria a su respecto, ya que las declaraciones de renta de los años tributarios objeto de revisión, no fueron confeccionadas por éste, ya que no ha desarrollado actividades comerciales gravadas con impuesto a la renta, fundando sus alegaciones en los artículos 1º numeral 8º de la Ley 20.322, 19 Nº 20 de la Constitución Política de la República, y 97 del D.L. 824 de 1974.

2º) Que, corresponde a los Tribunales Tributarios y Aduaneros conocer y declarar, conforme establece el artículo 1 Nº 8 de la ley 20.322, “a petición de parte, la nulidad de los actos administrativos que sean materia de una reclamación tributaria o aduanera. Para estos efectos, el vicio deberá hacerse presente o alegarse en la reclamación respectiva.”.

3º) Que, en consecuencia, corresponde determinar la efectividad que las liquidaciones impugnadas posean un vicio que amerite declarar su respectiva nulidad, caso en el cual deberá retrotraerse la situación al estado anterior a que se dictaran.

Que formando parte el órgano fiscalizador de la administración del Estado, su actuar puede resultar sancionada con Nulidad de Derecho Público, y para determinar si ello es procedente “en primer término, existirá un análisis sobre la legitimidad de la actuación centrado en el examen de la existencia de la potestad administrativa y de quién la ejerce (investidura regular y competencia); en segundo término, se realizará un estudio sobre las solemnidades y procedimiento, es decir, se examinará que el procedimiento sancionador haya cumplido con las formalidades dispuestas en la legislación administrativa y que se haya dado estricto cumplimiento a las normas procesales aplicables a la dictación del acto (forma); en tercer término, se observará que el acto administrativo esté debidamente fundado, tanto en sus aspectos fácticos como jurídicos (motivación), y, en cuarto término, será posible averiguar si el acto administrativo sancionador se ha dictado en cumplimiento de los fines dispuestos por el legislador. En suma, el control del acto administrativo sancionador conforme a los elementos de legitimidad es un mecanismo de interdicción a la arbitrariedad de las autoridades públicas, asegurando un control intenso a la administración activa sancionadora” ZÚÑIGA URBINA, FRANCISCO, & OSORIO VARGAS, CRISTÓBAL. (2016). LOS CRITERIOS UNIFICADORES DE LA CORTE SUPREMA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Estudios constitucionales, 14(2), 461-478. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002016000200015.