Rosel Aguirre Daniela Mariel con Servicio de Impuestos Internos

La Serena, nueve de julio de dos mil veinte.

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 18º, que se eliminan.

Y tenido en su lugar, y, además, presente:

1º) Que, la actora interpuso reclamo en procedimiento general en contra de las liquidaciones Nº 142 y Nº 142, ambas de fecha 28 de septiembre de 2018, mediante las cuales se pretende el reintegro de devoluciones indebidas correspondientes a los años tributarios 2015 y 2016, señalándose de forma expresa por el actor, que éstas carecen de los elementos necesarios para imputar una deuda tributaria, pues, a su juicio, tales obligaciones carecen de fuente, ya que las declaraciones de renta de los años tributarios objeto de revisión, no fueron confeccionadas por ésta, y al efecto cita los artículos 1º numeral 8º de la Ley 20.322, 19 Nº 20 de la Constitución Política de la República, y 97 del D.L. 824 de 1974.

2º) Que, corresponde a los Tribunales Tributarios y Aduaneros conocer y declarar, conforme establece el artículo 1 Nº 8 de la ley 20.322, “a petición de parte, la nulidad de los actos administrativos que sean materia de una reclamación tributaria o aduanera. Para estos efectos, el vicio deberá hacerse presente o alegarse en la reclamación respectiva.”.

3º) Que, en consecuencia, corresponde determinar la efectividad que las liquidaciones impugnadas posean un vicio que amerite declarar su respectiva nulidad.

Para dichos efectos, se tiene presente que las liquidaciones, conforme a la definición otorgada por Pedro Massone Parodi en el libro Principios de Derecho Tributario, Tomo II, página 1323, “es un acto estricto, dirigido a una o más personas determinadas, mediante el cual la administración tributaria expresa su pretensión y decisión de cobrar un impuesto y sus accesorios (reajustes, intereses y recargos).”.