C/ Diego Ignacio Martinez Valdivia
| Tribunal | Corte de Apelaciones de La Serena |
|---|---|
| Rol | 443-2026 |
| Fecha sentencia | 21 jul 2026 |
| Recurso | Nulidad |
| Resultado | NO HA LUGAR Rechazada sin costas |
Resumen
Generado con IA desde el fallo originalRechaza recurso de nulidad por deficiencia argumentativa: la defensa no recondujo sus alegaciones a las causales de nulidad absoluta que la Corte Suprema indicó como competencia de esta Corte, persistiendo en causal rechazada.
Hechos
Diego Ignacio Martínez Valdivia fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena a cuatro años de presidio menor en grado máximo por delito tributario (art. 97 N°4 Código Tributario), por declaración maliciosa de impuestos en años 2014-2015. La defensa interpuso recurso de nulidad alegando vulneración del derecho a no auto incriminarse (art. 19 N°7 f) CPR) y debido proceso, cuestionando que la condena se fundó en declaraciones administrativas del acusado ante el SII rendidas sin garantías procesales penales y en testificación de oídas de una fiscalizadora. La Corte Suprema remitió el caso a esta Corte de Apelaciones, reconduciendo las alegaciones a causales del art. 374 CPP (nulidad absoluta).
Considerandos clave
La Corte subraya que el recurso de nulidad es arbitrio de derecho estricto que exige claridad y precisión en la descripción fáctica y sustento jurídico normativo. El recurrente debía explicitar pormenorizadamente la infracción alegada y su influencia sustancial en lo dispositivo. La Corte Suprema indicó que las alegaciones podían reconducirse a causales del art. 374 CPP (letras c y e: impedimento a facultades de defensa y defectos en valoración de prueba). Sin embargo, durante la vista, la defensa persistió en la causal del art. 373 letra a) sin atender la reconducción y sin especificar cuál de las causales del art. 374 alegaba ni si las invocaba conjunta o alternativamente. Esta omisión es obstáculo absoluto para el análisis de fondo, pues supondría suplir al recurrente en aspectos esenciales de competencia. Además, aun considerando las causales señaladas por la Corte Suprema, no se configura vulneración de facultades de defensa (la defensa impugnó tardíamente durante juicio oral; el procedimiento administrativo previo se rige por Código Tributario, no por CPP; el acusado pudo contar con asesoría letrada). La sentencia cumple requisitos formales y fundamentó lógica y coherentemente la condena en múltiples elementos, no exclusivamente en prueba administrativa.
Resolutivo
Se rechaza sin costas el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Diego Ignacio Martínez Valdivia. La sentencia condenatoria de 6 de abril de 2026 y el juicio oral quedan firmes y no son nulos.
Texto de la sentencia
Declaración maliciosa de impuestos Art.97 N°4 (Excepto inc.3) Código Tributario
Rol N°443-2026 (RIT I-191-2022 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena).-
La Serena, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.
En causa en causa RUC 1710002267-2, RIT 191-2022, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, por sentencia de fecha seis de abril de dos mil veintiséis se condenó al acusado DIEGO IGNACIO MARTÍNEZ VALDIVIA, a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, multa de veinte por ciento de lo defraudado y accesorias legales, como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso 2° del Código Tributario, en carácter de reiterado y en grado de desarrollo de consumado, cometido en Andacollo durante los años 2014 y 2015..
En contra de la sentencia referida la defensa del condenado interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en la audiencia celebrada el uno de Julio pasado, citándose a los intervinientes a audiencia de comunicación de sentencia para este día, según consta del acta levantada en su oportunidad.
1°) Que, la defensa del acusado fundó su recurso de nulidad en la causal prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, denunciando que durante la tramitación del juicio se infringieron sustancialmente garantías aseguradas por la Constitución Política de la República y tratados internacionales vigentes, en particular el derecho a no auto incriminarse, consagrado como garantía en el artículo 19 n.° 7 letra f) de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 93 letra g) del Código Procesal Penal que lo desarrolla con mayor detalle y los artículos 91, 97, 98, 135, 138, 193, 197, 302 y 305 del mismo cuerpo normativo; y la garantía de debido proceso, en específico las de un proceso previo legalmente tramitado, derecho a defensa y a contrastar la prueba de cargo, establecido en el artículo 19 no 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República.
Indica que la vulneración se produce al fundar el Tribunal la condena del recurrente, precisamente, en la declaración de una testigo de oídas –fiscalizadora de Servicio de Impuestos Internos– que declara sobre las respuestas que el acusado le habría entregado en sede administrativa, obtenidas en el marco de un proceso sancionatorio, que no fueron rendidas con garantías mínimas, ni producidas en juicio y que no estuvieron sujetas a control adversarial de la defensa, a lo que adiciona que se ponderó declaraciones juradas que habría prestado el acusado, incorporadas materialmente al juicio como prueba documental, y que fue considerada por el tribunal, para corroborar los dichos de la testigo.
Señala que si bien el imputado prestó declaración en el juicio oral, el tribunal no limitó su análisis a dicha declaración, sino que incorporó y otorgó valor probatorio sustantivo a las declaraciones previas prestadas en sede administrativa, utilizándolas como elemento de cargo.
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