Inversiones Nueva Sofia S.A con Servicio de Impuestos Internos XV DR Santiago Oriente

I.- En cuanto a la excepción opuesta en segunda instancia:

Primero: Que la reclamante deduce excepción de prescripción en virtud de lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil y artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con lo previsto en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, solicitando que esta sea acogida declarando la prescripción de la acción fiscalizadora, dejando sin efecto la Resolución Exenta N°6671 de 30 de agosto de 2012, mediante la cual se modificó el resultado tributario declarado en el Formulario 22 por el Impuesto de Primera Categoría año Tributario 2009, dando lugar solo a una parte de la devolución solicitada por concepto de PPUA.

Señala que el contribuyente presentó reclamo ante el Juez substanciador Tributario en contra de dicho acto administrativo -Rol N° 10.065-13- y en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo transitorio de la Ley N° 20.322, modificado por la Ley N° 20.753, comunicó al Director Regional del SII el ejercicio del derecho de opción reconocido en la ley, lo que fue aceptado remitiéndose el expediente al Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, ingresado con el RIT GR-17-00259 y RUC 14-9-0002057-1. La acción se tuvo por interpuesta mediante resolución de 4 de marzo de 2015; el SII respondió el traslado que le fue conferido con fecha 27 de marzo de 2015 y el 3 de noviembre de 2015 presentó escrito solicitando recibir la causa a prueba, proveyendo el tribunal “se resolverá en su oportunidad”, dictando la interlocutoria de prueba el 28 de marzo de 2017.

Agrega que la presente causa fue acumulada a la seguida en los autos Rol RIT N° GR-17-00181-2015 y el 1 de marzo de 2019 se decretó “autos para fallo” dictando sentencia definitiva el 8 de marzo de esa anualidad.

Como fundamento alega el excesivo tiempo de tramitación del proceso de reclamación tributaria -más de 8 años- lo que infringe en su concepto lo previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscita por Chile el 22 de noviembre de 1969, ratificada el 8 de octubre de 1990 y publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991, vinculante por mandato del artículo 5° de la Carta Fundamental, por no resolver la judicatura el asunto en un plazo razonable, vulnerando con ello además lo previsto en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República.

Expone que el plazo máximo que podría durar razonablemente un proceso de reclamación tributario, siguiendo lo dispuesto en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, son 6 años por ser el plazo máximo que tiene el SII para ejercer sus acciones fiscalizadoras, el que se habría cumplido el 29 de enero de 2019, sin haber dictado sentencia definitiva en primera instancia.

Finalmente, cita jurisprudencia que avala su tesis jurídica, señalando que la acción fiscalizadora del SII, y por ende, la emisión de la Resolución Exenta N° 66717-2012 se encuentra prescrita, lo que éste tribunal debe así declarar.