Yuchang Cai con Servicio de Impuestos Internos XV DR Santiago Oriente

PRIMERO: Que a fojas 186 y siguientes, dedujo recurso de apelación el abogado Eduardo Vallejos Castro, en representación de la parte reclamante Yuchang Cai, en contra la sentencia de 05 de junio de 2017, escrita a fojas 160 y siguientes, dictada por la Juez del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, doña Dora Bastía Santander, solicitando su revocación y se acoja su reclamo, dejando sin efecto la Liquidación N°542, de fecha 31 de julio de 2014, emitidas por la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos Santiago Oriente, por concepto de Impuesto a la Renta de Primera categoría respecto del año tributario 2011 por total neto de $15.665.892, los que más reajustes e intereses suman $27.636.279.- con costas;

SEGUNDO: Que el recurso denuncia, como uno de sus argumentos, que en la liquidación reclamada no se encuentra debidamente fundamentada, puesto que los funcionarios actuantes señalan que las acciones vendidas en el ejercicio es de $150.852.670 y sobre esta suma aplica un 30% como costo, situación que es anómala y sin relación alguna con el mercado accionario del país y por ello no se condice con los antecedentes que obran en el proceso, no cumpliendo por ello con los requisitos del artículo 132 del Código Tributario, que regula la valoración de la prueba, puesto que si se tasa como costo el 30% del valor, significa que en estas operaciones el contribuyente obtuvo un 70% de utilidad, lo que es completamente ilusorio.

TERCERO: Que en primer lugar, se debe señalar que la liquidación como acto administrativo terminal, debe cumplir con todos los requisitos de validez de dichos actos, siendo por ello, necesario que sea suficientemente fundado, es decir, que de la sola lectura del mismo, consten los antecedentes que tuvo la administración en consideración y que valoró para resolver de la forma como lo hizo.

Para ello se debe tener en especial consideración, en el presente caso, que la Ley 19.880, en su artículo 41 inciso 4° exige a las autoridades administrativas con poder de decisión – no excluyéndose de ello a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos- fundamentar sus resoluciones, en atención a que todas las autoridades están llamadas no sólo a explicar sino que a justificar sus decisiones.

No se trata únicamente de emitir un acto escrito, sino que es menester que el mismo dé cuenta del modo en que se ejercen las facultades, las razones que sostienen la decisión, en términos que pueda entenderse por qué se ha actuado de una determinada manera, que estén expresadas de un modo que signifique dar respuesta a los diversos aspectos que puedan verse involucrados en la decisión y que puedan ser susceptibles de aceptación.

Lo señalado se traduce en un deber de correlación, porque no puede ser tenida por válida una fundamentación externa o internamente incongruente, por ende, debe ser coherente y tener correspondencia con los antecedentes de hecho y de derecho de lo reclamado por el contribuyente, puesto que de ellos deriva la decisión.

CUARTO: Que en la especie, la liquidación reclamada en cuanto a sus fundamentos para cursarla, señala que se solicitó al reclamante “que acreditara la enajenación de acciones, no logrando justificarla”; además que “ésta se realizó transcurrido un año desde la adquisición de acciones, entre partes no relacionadas y no habiendo habitualidad, el mayor valor obtenido debió ser gravado con el impuesto de Primera Categoría en carácter de único. Dado que el contribuyente no acreditó con documentación fehaciente el costo de las acciones, se estima pertinente otorgar un 30% como costo, equivalente a $45.198.801”