Servicio de Impuestos Internos con Consejo Para La Transparencia

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad impetrado por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que concedió el amparo de acceso a la información pública deducido por una contribuyente ordenando la entrega de las copias de las actas de las sesiones del Comité Anti-Elusión. El Ente Fiscal expuso en su reclamación que el acceso público a las actas de las sesiones del Comité Anti-Elusión y las conversaciones que tuvo dicho Comité con la Direcciones Regionales del Servicio de Impuestos Internos afectaba los derechos de terceros en los términos del artículo 21 N°s 2 y 5 de la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública. Así, el Órgano Fiscalizador indicó que la información contenida en esos antecedentes detallaba las operaciones comerciales, contables y tributarias de otros contribuyentes los cuales eran reservados, por lo cual su entrega constituía una vulneración a su vida privada y a sus derechos de carácter comercial o económico. Finalmente, el Servicio, arguyó que los documentos solicitados fueron declarados como reservados por una ley de quorum calificado, por lo que, de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución Política, en relación con el artículo 35 del Código Tributario, su divulgación estaba prohibida. Por su parte, el Consejo para la Transparencia comunicó que, ordenó la entrega de las actas del Comité Anti-Elusión ya que eran de naturaleza pública, dado que era información que obraba en poder del Ente Fiscal y fue elaborada con presupuesto público, por lo que en virtud del principio de publicidad, esos antecedentes eran susceptibles de ser entregados a la solicitante. Además, el Consejo argumentó que el Órgano Fiscalizador no logró acreditar las causales de reserva de la información, ni la supuesta afectación de derechos de terceros. Precisó que el Órgano Fiscalizador solo hizo aseveraciones en términos genéricos, en circunstancias que, la jurisprudencia administrativa y judicial exigía haber probado un daño presente, probable y específico. A su vez, la peticionaria manifestó que la información que se ordenó entregar no se encontraba reservada de acuerdo al Código Tributario, debido a que se trataban de antecedentes que el Servicio poseía en virtud del ejercicio de sus funciones públicas. Además, de que, no se refirieron a declaraciones impositivas, tales como copias o libros o papeles que tuvieran extractos de ellas. Al respecto, la Corte de Apelaciones aclaró que el artículo 8° de la Constitución Política dispuso una declaración genérica de publicidad de ciertos aspectos de la actuación de los órganos del Estado. A continuación, la Magistratura, expresó que también la referida Carta Fundamental estableció excepciones a esa regla general de publicidad las que se denominaban “reserva” o “secreto”. En ese sentido, los Sentenciadores agregaron, que para estas hubieran operado legítimamente era necesario que hubiera existido una ley de quórum calificado y fundamentarse en las causales que la Constitución Política previó, que eran la afectación al debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Así, los Jueces de la instancia, determinaron que, las copias de las actas de las sesiones del Comité Anti-Elusión, y toda comunicación entre dicho Comité y la Dirección Nacional o cualquier Dirección Regional que fue realizado en el contexto de un procedimiento administrativo de calificación de actos o negocios como elusivos afectaba el derecho de terceros. En efecto, la Magistratura sostuvo que, el referido procedimiento que estaba destinado a evitar la elusión, no solo involucró a la requirente, sino a diversas personas naturales, cuyos datos eran reservados ya que detallaban operaciones comerciales, contables y tributarias. Asimismo, la Corte, agregó que, los artículos 8 bis N° 9 y 35 del Código Tributario regulaban un especial tratamiento legislativo respecto de la reserva tributaria, que constituyó un régimen o sistema de protección y reserva de la información obtenida por la Administración frente a su revelación a terceros. Por lo que el uso y cesión de la información impositiva era expresamente restrictiva. Finalmente los Sentenciadores determinaron que los referidos artículos eran normas de quórum calificado, que regularon una reserva sobre la información tributaria. Sumado a que eran de una data anterior a la reforma constitucional del año 2005, aprobada por la Ley N°20.050 y otorgaba una mayor protección a los derechos de las personas. En razón de lo anterior, la Corte concluyó que se configuró una excepción legal a la entrega de información, de conformidad al artículo 21 N°5 y 1 transitorio de la Ley N°20.285, motivo por el cual era procedente acoger el reclamo de ilegalidad.