Inca de Oro I S.A. con Servicio de Impuestos Internos

Santiago, veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

Proveyendo a fojas 142 y 144, téngase presente.

Primero: Que, en relación al principio de congruencia procesal, el Juez debe resolver todas aquellas peticiones que les sean sometidas a su conocimiento. En el caso de autos, la reclamada Servicio de Impuestos Internos, en su acápite “peticiones concretas”, le solicitó al tribunal en su punto 2.- “Se confirme la infracción N°1241047, de fecha 15/03/2016 y se aplique una multa de una unidad tributaria anual”, motivo por el cual, las alegaciones realizadas por la reclamante, en el sentido que el juez se habría extralimitado en sus atribuciones no es tal.

Segundo: Que, sin perjuicio de lo anterior, en la sentencia complementaria de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, escrita a fojas 102 y siguientes, el juez a quo solamente se limitó a analizar la procedencia de la petición de la multa y del recurso de aclaración, más no hizo ningún análisis sobre las circunstancias atenuantes o agravantes que le haya permitido razonar sobre la procedencia de aplicar una multa por el máximo legal permitido, esto es, por una UTA.

Tercero: Que, el artículo 107 del Código Tributario establece aquellas circunstancias atenuantes y agravantes que deben tenerse en consideración al momento de aplicar una sanción. Par esta Corte, no concurre la calidad de reincidente en infracción de la misma especie, ni tampoco se encuentra acreditado que lo haya sido en otras infracciones semejantes. En relación al grado de cultura del infractor si bien es alto, atendido a que es una empresa que cuenta con asesoría letrada, no es menos cierto que dentro del proceso administrativo alegó las circunstancias jurídicas que a su juicio hacían improcedente la exhibición de los documentos peticionadas, cuestión que demuestra un actuar de buena fe, que incluso es recogido en la sentencia, al no ser condenado en costas, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar, es decir, que sus alegaciones se encuentran revestidas de un razonamiento atendible, exento de un reproche de mala fe.

Cuarto: Que, en consecuencia, resulta incompatible señalar, por un lado que se tuvo motivo plausible para litigar, para luego aplicarle el máximo de la sanción legal, dado que el reclamante ha comparecido a todos los actos administrativos y ejercido sus derechos en forma.

Quinto: Que, finalmente, si bien en la apelación de la reclamante se solicita la rebaja de la multa impuesta, reemplazando el guarismo “1 UTA” por 1 UTM, esta Corte estima que tiene competencia para regular el quantum de la multa en toda su extensión, atendido a que por ser una sanción de carácter pecuniario, no queda limitada a las peticiones formuladas por las partes, sino a la real extensión que posea la infracción, aplicando las disposiciones contenidas en el artículo 107 del Código impositivo.