Zenobia Pilquimán Veldebenito con Servicio de Impuestos Internos

Al folio N° 40 y N° 41: Téngase presente.

1.- A folio 1, con fecha 08 de octubre de 2020, comparece MIGUEL ÁNGEL VILUGRÓN DURÁN, corredor de propiedades, domiciliado para estos efectos en Hijuela 1-A sector Lircay de la comuna de Temuco, actuando en nombre y representación de doña ZENOBIA DEL CÁRMEN PILQUIMÁN VALDEBENITO, Chilena, profesora, domiciliada en Hijuela 1-A sector Lircay de la comuna de Temuco e interpone recurso de protección en contra de del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA representado por su director regional don CLAUDIO AMBIADO ARAYA, con domicilio en calle claro solar N° 873 de la comuna de Temuco y en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, representada por su directora doña CLAUDIA GUAJARDO ARRIAGADA, domiciliada en calle Claro Solar N° 885 de la comuna de Temuco, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la primera de las recurridas en tasar la propiedad de la Sra. Pilquimán Valdebenito dejándola equivocadamente afecta a al pago de contribuciones territoriales y la segunda en haber girado el cobro de dicho impuesto territorial correspondiente al segundo semestre del presente año tributario 2020, lo que ha vulnerado sus garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 N° 2, 20 y 22 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que con fecha 14 de septiembre del año 2018 por escritura pública su representada adquirió un predio rural de calidad indígena denominado Hijuela 1 – A de una superficie de 1,6 Has. aprox. Rol de avalúo fiscal N° 3.354-46, Ubicado en el sector Lircay comuna de Temuco; a don Benedicto LLanquín Quiñenao, por la suma única y total de 21.500.000 mil pesos, la que se encuentra debidamente inscrita.

Agrega que solicitó la inclusión del rol 3.354-46 de la propiedad denominada Hijuela 1 – A, ante el Servicio de Impuestos Internos, quienes tasaron la propiedad dejándola equivocadamente afecta a al pago de contribuciones territoriales, vulnerando lo establecido por la propia Ley indígena 19.253 a este respecto.

Indica que por su parte la Tesorería General de la República ha girado el cobro de dicho impuesto territorial correspondiente al segundo semestre del presente año tributario 2020 a la fecha dejando a mi representada en una situación de morosidad que no le es imputable.

Menciona que con fecha 10 de septiembre del presente año tomó conocimiento de que su propiedad no obstante ser indígena, quedó afecta al pago de contribuciones territoriales por la suma de $1.160.341 pesos trimestrales, acumulando una deuda actual por impuesto de contribuciones territoriales de $2.320.680 pesos. Siendo el total anual a pagar por concepto de contribuciones territoriales la suma de $4.641.392 pesos.

En cuanto al derecho señala que hechos antes expuestos configuran la vulneración de los derechos constitucionales de “igualdad ante la Ley” establecidos en el artículo 19 N° 2 de nuestra carta fundamental, por cuanto su representada ostenta la calidad de indígena, celebró un contrato de compraventa válido, con otra persona que también posee la calidad indígena, y dicho contrato, tuvo como objeto trasferir el dominio de un predio indígena, todo lo anterior conforme a La Ley indígena 19.253, la cual fue precisamente creada para reconocer a los pueblos originarios, regular la propiedad de las tierras ancestrales y definir a las personas capaces de adquirir esas tierras, estableciendo el artículo 12 que: “las tierras indígenas estarán exentas del pago de contribuciones territoriales”, se trata de un norma imperativa que ha sido incumplida.