Patricia Niada Guzman con Servicio de Impuestos Internos IX Dirección Regional.

En los autos Rol 16655-2014 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación tributaria, el abogado don Erwin Errandonea Geldres, en representación de la DIRECCION REGIONAL TEMUCO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, deduce en lo principal de fojas 173 recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de Temuco en aquella parte que revocó el fallo de primer grado -que había rechazado parcialmente el reclamo- y, en cambio, lo acogió, dejando sin efecto la partida retiros no declarados de la Liquidación N° 258 de 27 de junio de 2012, emitida por impuesto global complementario del año tributario 2009.

Se trajeron los autos en relación, tal como se lee a fs. 200.

Primero: Que por el recurso se denunció, en primer término, la infracción del artículo 54 N° 1 y del artículo 14 letra A ) N° 1 , ambos de la Ley de Impuesto a la Renta, y del artículo 60 inciso octavo del Código Tributario . Señala el recurrente que la primera norma establece que la base imponible del impuesto global complementario se conforma, entre otros, con las cantidades retiradas que correspondan a rentas imponibles de las categorías anteriores, mientras el segundo precepto prescribe que los socios de sociedades de personas quedan gravados con los impuestos finales por los retiros o remesas que reciban de la empresa hasta completar el FUT, reconociendo el crédito por el impuesto de primera categoría pagado. Finalmente, para la debida fiscalización de los retiros, el artículo 60 del Código Tributario en su inciso octavo permite al Servicio de Impuestos Internos pedir declaraciones juradas por escrito. Afirma que el fallo desconoce el sistema integrado de tributación cuando estima que las declaraciones juradas de las sociedades de las cuales formó parte la reclamante son instrumentos privados de terceros ajenos que no le son oponibles, puesto que constituyen medios de fiscalización para verificar el correcto pago de los tributos a nivel de socios, que en este caso están corroboradas por los registros contables.

Denuncia el recurso, en segundo lugar, la infracción del artículo 21 del Código Tributario, ya que la sentencia infringe la distribución de la carga de la prueba allí prevista, al sancionar al Servicio de Impuestos Internos por la falta de demostración de un hecho negativo, como es que la reclamante no recibió los retiros, en circunstancias que quien debía acreditarlo era su contraparte.

En el tercer capítulo del arbitrio se reclama la infracción del artículo 132 inciso décimo quinto del Código Tributario en relación con artículo 17 del Código Tributario y los artículos 38 y 39 del Código de Comercio, disposiciones que se refieren a la preminencia de la contabilidad en la demostración de la renta como de la fe que hacen contra el comerciante, que es indivisible, a pesar de lo cual la sentencia las deja de aplicar al no valorar la contabilidad de las sociedades que refleja los retiros de la reclamante que era socia con un 50% de participación.

Adicionalmente alega el recurso la infracción de los artículos 132 incisos décimo cuarto y décimo quinto del Código Tributario, en cuanto establecen las normas de valoración de las pruebas conforme con las reglas de la sana crítica y la preponderancia de la contabilidad en esta clase de procesos. Asegura que es ilógico estimar que las declaraciones juradas de las sociedades emanan de terceros ajenos al juicio cuando la reclamante era socia, tenía un 50% de participación y además era su representante, y añade que es una infracción a las reglas de la sana crítica aplicar disposiciones de ponderación de prueba legal tasada al valorar dichos instrumentos, como también lo es no dar las razones por las cuales se prescinde de la contabilidad para resolver el asunto, ni fundar de manera racional y razonada la decisión.

Explica que estos errores de derecho influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de no haber incurrido en ellos se habría concluido que las declaraciones juradas y la contabilidad de las sociedades permiten establecer que la reclamante efectuó los retiros no declarados. Pretende que se invalide la sentencia recurrida y se dicte otra de reemplazo que confirme íntegramente el fallo de primera instancia, con costas.