Entel Pcs Telecomunicaciones con Servicio de Impuestos Internos

A fojas 279: estese al mérito de lo que se resolverá.

En los antecedentes de esta Corte Suprema Rol N° 16.699-2014, el abogado Sr. Fernando Sciolla Peña, en representación de la parte reclamante Entel PCS Telecomunicaciones, dedujo a fojas 525 un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha ocho de mayo de dos mil catorce que, por mayoría, confirmó el fallo de primer grado que a su vez rechazó parcialmente la reclamación deducida en contra de las Liquidaciones N° 382 a 386 y la Resolución Exenta N° 217, todas de 30 de agosto de 2004, por las cuales se cobra impuesto único de los años tributarios 2001, 2002 y 2003 y reintegro del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta de los años tributarios 2002 y 2003 y se reduce la pérdida tributaria, fundadas en el uso indebido de gastos de capacitación.

Primero: Que por el recurso se deja constancia de los siguientes hechos de la causa: 1) que el 01 de octubre de 2003 se practicó notificación al contribuyente requiriendo documentación de los años tributarios 2001 a 2003; 2) que el 30 de abril de 2004 se practicó la citación N° 39; 3) que el 30 de agosto de 2004 se conciliaron algunas partidas y se practicaron las liquidaciones; 4) que el reclamo se dedujo el 12 de noviembre de 2004; 5) que el 24 de septiembre de 2012 se dio lugar parcialmente a la reclamación; 6) que el 03 de marzo de 2014 se aprobó la sentencia criminal condenatoria por el delito de estafa en perjuicio de la reclamante y de SOFOFA; y 7) que dicha sentencia está firme.

Sobre la base de tales hechos articula el primer capítulo de su libelo, en el que denuncia la interpretación errónea del artículo 31 N°3 de la Ley de Impuesto a la Renta. Afirma que la norma invocada permite considerar como gasto necesario aquellas pérdidas sufridas por la empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto, por lo cual el sentido conferido por los sentenciadores de segunda instancia carece de un fundamento jurídico o legal que lo sustente y adolece de un error en cuanto a la temporalidad para imputar el gasto aceptado, añadiendo que no es la ley la que exige una sentencia definitiva penal ejecutoriada para acreditar el delito contra la propiedad, sino que la doctrina del Servicio de Impuestos Internos, mencionando al efecto la Circular N° 24 de 2008 . Sostiene que corresponde autorizar el gasto en el año comercial correspondiente a la comisión del delito, por lo que este error de derecho influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo ya que le privó de la posibilidad de efectuar la deducción en el período pertinente.

En segundo lugar el recurso reclama la infracción del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, puesto que la Liquidación N° 382 aplica impuesto único pese a que está acreditada la pérdida por un delito contra la propiedad, y por ende los valores invertidos en las capacitaciones ficticias no fueron utilizados como gasto. Señala que a la época del reclamo ya se había dictado acusación fiscal en el procedimiento penal, con lo que puede concluirse que los dineros dispuestos no habían sido utilizados tributariamente como gasto, a pesar de lo cual el servicio igualmente los afectó con el canon, lo que implica una sanción a la empresa por los ilícitos cometidos en su contra, cuestión que pugna con la lógica y el espíritu del sistema.

Asevera que, conforme con las directrices del ente fiscalizador, se aplica impuesto único sobre las sumas que deben considerarse retiradas al término del ejercicio, dentro de las cuales están las partidas del artículo 33 N° 1 de la ley del ramo, pero no quedan sujetos los desembolsos por cursos ficticios porque no están mencionados en el precepto, y porque éste pretende sancionar los egresos que encubren utilidades o beneficios, cuyo no es el caso. Precisa que la sentencia criminal tiene un efecto declarativo, esto es, reconoce una situación preexistente, y por ende no es procedente aplicar el impuesto.

Adicionalmente alega que este proceso judicial tardó en primera instancia alrededor de 8 años, y en éste se discutieron hechos económicos que ocurrieron hace más de 10 años, circunstancia que afecta su derecho al debido proceso y a una justicia rápida -y por ende eficaz-, de manera que se transgrede su derecho a un racional y justo procedimiento, vicio que se subsana con la declaración de nulidad.