Aguayo Gonzalez Gaston Marcelo con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos ingreso Nº 17.283-2013 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación contra las liquidaciones Nº 660 a 664 de 29 de abril de 2005 por diferencias de impuesto Global Complementario y Reintegro de los años tributarios 2003 y 2004, respectivamente, iniciado por el contribuyente, don Gastón Aguayo González, por sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil doce, escrita a fojas 341, se rechazó el reclamo, confirmando las aludidas liquidaciones, con costas.

Apelado el referido fallo por la defensa del contribuyente, la Corte de Apelaciones de esta ciudad, con fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, lo confirmó con declaración que los intereses moratorios que establece el artículo 53 del Código Tributario no se han devengado durante el período comprendido entre las fechas en que se presentó el reclamo y la que lo tuvo por definitivamente interpuesto, vale decir, entre el 8 de julio de 2005 y el 3 de septiembre de 2009.

En contra de esa última decisión don Eduardo Vallejos Castro, por el apelante, dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación por decreto de fojas 505.

Primero: Que en el recurso de nulidad sustantiva el impugnante denuncia, en un primer capítulo, la infracción de las normas reguladoras de la prueba. Expresa que los sentenciadores han desatendido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 del Código Tributario, norma que obliga a los tribunales a no prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente, salvo que éstos no sean fidedignos.

Expone que los gastos efectuados por el recurrente ( abogado y síndico de quiebras) revisten el carácter de ser necesarios para producir la renta, encontrándose respaldados con facturas y boletas autorizadas por el propio Servicio de Impuestos Internos; indica que en estos antecedentes la sentencia primitivamente dictada con fecha veinticuatro de julio de dos mil seis fue anulada, al haber sido pronunciada por don Herman Tapia Canales, quien no ostentaba la calidad de juez tributario, de esta manera al dictarse el fallo de primer grado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos el veintiocho de diciembre de dos mil doce, éste se limitó a copiar la sentencia anulada sin ponderar cabalmente el mérito de la prueba presentada por el contribuyente. Agrega que antes de la vista de la causa ante la Corte de Apelaciones respectiva acompañó un peritaje que contiene todos los cheques con los que el reclamante pagó los honorarios de los asesores contables y legales que trabajaron para él en las distintas quiebras en las que se desempeñó como síndico.

En un segundo acápite el recurrente denuncia la contravención de los artículos 6 , 7 y 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República y artículos 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 42 y 43 de la Ley de Impuesto a la Renta; tal quebrantamiento, se sostiene, se produce porque el fallo de primer grado se limitó a copiar el que fue declarado nulo, vulnerando el derecho a tener un justo y debido proceso, lo que acarrea como consecuencia la transgresión del principio de legalidad consagrado en el artículo 6 de la Carta Fundamental, así como la falta de deber del juez tributario al no actuar dentro del ámbito de su competencia y en la forma que prescribe la ley, infringiendo así el artículo 7 del mismo cuerpo legal, pues se limitó a reproducir una sentencia sin tomar en consideración lo actuado por el impugnante durante el tiempo intermedio.

Indica que en el caso del reclamante, abogado que se desempeña como síndico de quiebras, es contribuyente de Segunda Categoría conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley de Impuesto a la Renta; sin embargo, expresa que por el gran número de quiebras y convenios en que se desempeñó durante el período fiscalizado, acogió su contabilidad a las normas de Primera Categoría, por lo que en su caso se aplican los artículos 29 , 30 , 31 , 32 y 33 del Decreto Ley N° 824, de manera que los trabajos profesionales realizados por distintos abogados, contadores y asesores en las distintas quiebras que asumió como síndico, deben ser aceptados como gastos necesarios para producir la renta los que, por lo demás, fueron pagados por el reclamante con cheques, emitiéndose en cada caso la correspondiente boleta o factura, prueba documental acompañada en la oportunidad procesal pertinente, la que no sólo no fue ponderada correctamente por el juez tributario, sino que además una vez que la Corte de Apelaciones solicitó la remisión de los cuadernos separados de prueba acompañados para tenerlos a la vista, el Servicio de Impuestos Internos contestó que dicha documentación se había extraviado, dejándolo en la indefensión ya que la contundente prueba respaldatoria de los gastos en que incurrió para llevar a cabo su labor de síndico de quiebras, no pudo ser apreciada por los jueces del grado, lo que llevó a desestimar su reclamo.