Arias Caroca Gabriela de la Luz con Servicio de Impuestos Internos

Primero: Que en lo principal de fs. 229, la abogada doña María del Carmen Cabello Hernández en representación de la contribuyente Gabriela de la Luz Arias Caroca, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, escrita a fs. 227, que confirmó el fallo de primer grado, que rechazó la reclamación impetrada en contra de la Liquidación n° 314109000319 de 21 de marzo de 2016, que determinó diferencias de impuesto global complementario e impuesto de primera categoría correspondiente al año tributario 2013.

Segundo: Que tal decisión, en concepto del recurrente, configura una infracción al artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, señala que el tribunal aplicó ese precepto legal, en circunstancia que la recurrente nunca invocó esa norma para fundamentar su solicitud de nulidad, por cuanto su petición se funda en el artículo 7 de la Constitución Política de la República y por consiguiente, se trata de una nulidad de derecho público, sin que exista norma que entregue el conocimiento de estos asuntos a los Tribunales Ordinarios de Justicia, debiendo el juez tributario y aduanero conocer de ella atendida la naturaleza tributaria del tema en cuestión.

Indica que lo que se alega es la nulidad de un acto administrativo que no cumple con los estándares del artículo 7 de la Constitución de la República y por la materia especializada del tema, debe ser el juez tributario y aduanero quien debe conocer de esa solicitud, confundiendo el sentenciador esa clase de nulidad con la de la notificación que se esgrime conforme al artículo 83 del Código de Procedimiento Civil.

Por ello solicita se acoja el arbitrio impetrado y de este modo, enmiende conforma derecho la resolución del Tribunal Tributario y Aduanero.

Tercero: Que la sentencia impugnada, confirma la de primer grado, la que en su motivo décimo establece que la nulidad impetrada es de naturaleza procesal, la que no se encuentra tratada en el Código Tributario por lo que debe acudirse conforme al artículo 148 de ese cuerpo legal, al Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, precisamente al artículo 83, que establece un plazo de cinco días para interponer la nulidad procesal, los que se cuentan desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de ella tuvo conocimiento del vicio. En la especie, el reclamante solicitó al ente fiscal una copia de la liquidación el día 15 de junio de 2016, por lo que tomó conocimiento de las diferencias de impuestos determinadas por el Servicio de Impuestos Internos en esa fecha y como consecuencia de ello, de la citación que motiva el acto administrativo impugnado, por lo que debió reclamar del vicio a más tardar el 21 de junio de 2016 y no el día 29 del mismo mes, como ocurrió en este caso, por lo que la petición fue extemporánea.

Cuarto: Que en el examen de admisibilidad, se debe analizar si las normas que se denuncian como infringidas tienen el carácter de decisoria litis.

Como ya se señaló precedentemente, el impugnante refiere que el fallo censurado ha transgredido el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil . Empero, olvida mencionar como vulneradas las normas que precisamente han servido de sustento a la determinación adoptada y que censura por la presente vía, como son aquellas contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta y el Código Tributario, respecto de las cuales tampoco plantea algún tipo de formulación u objeción en cuanto a la forma en que se aplicaron al caso concreto.