Inmobiliaria las Pataguas S.A. con Servicio de Impuestos Internos

En los antecedentes de esta Corte Suprema Rol N° 24.151-2014 la reclamada, el Servicio de Impuestos Internos dedujo en lo principal de fojas 348 un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha veintidós de julio de dos mil catorce, que revocó el fallo de primer grado que había rechazado la reclamación y en cambio, la acogió, dejando sin efecto la Liquidación N° 13(R) de 28 de enero de 2004, por impuesto único del artículo 21 inciso 3 ° de la Ley de Impuesto a la Renta del año tributario 2001, por rechazo del gasto consistente en el pago de una deuda contraída como aval de una sociedad distinta de la recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación, tal como se lee a fs. 368.

Primero: Que por el recurso se denuncia un error de derecho en la aplicación de los artículos 21 inciso 3 ° , en relación con los artículos 33 N° 1 y 31 , todos de la Ley de Impuesto a la Renta. Indica que el inciso 3 ° del artículo 21 establece el impuesto único para las cantidades señaladas en el inciso primero de la misma norma, esto es, aquellas partidas del artículo 33 N° 1 que considera retiradas de la empresa, que corresponden a retiros de especies o cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo. A su turno, el artículo 33 N°1 dispone la agregación a la renta líquida de las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional, en su caso. Finalmente, el artículo 31 prescribe que los gastos deben cumplir con las exigencias de ser necesarios, no hayan sido rebajados como costo, que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio respectivo y se justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.

Explica que es un error considerar que no es aplicable el artículo 21 de la citada ley -como lo resolvió el fallo impugnado- debido a la forma de contabilización del desembolso efectuado para pagar una deuda contraída en calidad de avalista, puesto que, en los hechos, redujo la cuenta caja o banco. Contablemente dicho egreso pudo llevarse a resultado, pero se registró como activo, lo que llevó al tribunal a establecer equivocadamente que no se descontó de la base imponible, ya que la disminución se produjo igualmente, añadiendo que la anotación desde el punto de vista tributario es improcedente.

Indica el recurrente que dicha partida no cumple con el requisito de necesariedad del gasto esto es, tener un carácter inevitable u obligatorio en relación con el giro del negocio, precisando que los gastos deben reunir la doble condición de ser comunes, habituales y regulares, además de inevitables, obligatorios, imprescindibles o indispensables para producir la renta. Sostiene que en este caso no se reúnen tales condiciones y por ello el desembolso tiene la condición de gasto rechazado, según las prescripciones del artículo 33 N°1 de la Ley de Impuesto a la Renta y por ende se le aplica el impuesto del artículo 21 del mismo texto legal, por tratarse de una sociedad anónima afecta a la tributación de dicha ley.

Señala que estos errores de derecho tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que de no haber incurrido en ellos se habría concluido que la contribuyente estaba afecta al impuesto único, de manera que no se habría revocado la decisión de primer grado. Finaliza, pidiendo se invalide la sentencia recurrida y se dicte otra de reemplazo que confirme la de primer grado, con costas.

Segundo: Que la sentencia de segunda instancia revoca la de primer grado, dejando constancia en su basamento tercero, como hechos del proceso, que la reclamante desarrolla, según la escritura pública de constitución, toda clase de inversiones en bienes muebles, corporales o incorporales, actividades de su giro que desarrolló al adquirir acciones de la sociedad educacional Itesa S.A., que pasó a constituirse en parte de su propiedad. Estima, enseguida, que dicha adquisición constituye un acto lícito y que no existe limitación para la reclamante, dentro de su libertad de empresa, para que celebre un acto tendiente a afianzar el crédito de aquella sociedad, sino que hay una causal de justificación en sentido amplio de la operación, ya que actúa motivada por un afán de negocio lícito tendiente a la recuperación de la empresa en que mantiene interés.