Louisiana Pacific South America S.A. con Servicio de Impuestos Internos Direccion Regional Temuco

1° Que, el contribuyente representado por el abogado Sr. Carlos Martínez, deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Temuco que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la reclamación.

2° Que por el recurso de nulidad sustancial denuncia la infracción al artículo 21 inciso 1 del código tributario , artículo 420 n° 5 del Código Orgánico De Tribunales en relación con el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, artículos 41 b n°4 , 41 n°1 y 4 y artículo 32 n°1 letras a y b, de la ley de impuesto a la renta (lir), todos en relación con el artículo 132 inciso 13 del código tributario.

Señala que básicamente que (i) la sentencia de segunda instancia rechaza la suficiencia de la prueba acompañada, por exigir requisitos que no se encuentran en la ley y (ii) niega la suficiencia de los antecedentes acompañados en esta instancia respecto de LP Argentina S.R.L.

En relación con el primer capítulo indica que se contravino su texto expreso, pues incumpliendo lo dispuesto en el artículo 21 inciso 1 ° del Código Tributario y las reglas de la sana critica dispuestas en el artículo 132 inciso 13 del mismo código, exige el cumplimiento de un requisito extralegal para dar por acreditada las inversiones de mi representada, tanto en LP Brasil como en LP Argentina.

Precisa que no hay ninguna fuente normativa que haga obligatoria en Chile el registro de las inversiones en el "RDE-IED" en Brasil, por lo que la sentencia que se recurre en estos autos, cimienta sus conclusiones en un mero requisito extralegal. Por consiguiente, se infringe el artículo 21 previamente citado, como también las reglas de la sana crítica también analizadas anteriormente, ya que no existe razón o motivo legal que justifique que dicho antecedente 8 sea obligatorio para el contribuyente; y eso es lo que precisamente conlleva a rechazar, con infracción de ley, la acreditación de las inversiones en comento. En cuanto a LP Argentina, la sentencia impugnada sigue la misma construcción antijurídica, en el sentido de dar por obligatorio un registro que no es tal. Desde ya se debe mencionar que la inversión no se ha de registrar en el Banco Centro de Argentina, sino que ante la Inspección General de Justicia que lleva a su cargo, el registro de comercio.

Concluye que lo expuesto redunda, además, en la no aplicación de la normativa sustantiva correspondiente al imperativo legal de aplicar corrección monetaria a las inversiones en el exterior y al Capital Propio Tributario, conforme con los artículos 41 B N°4 y 41 N°1 y 4 y 32 N°1 letras a y b de la LIR.

Añade que en cuanto al segundo capítulo que la sentencia impugnada debió haber indicado la causa legal que le autorizara a rechazar los documentos acompañados en segunda instancia, por lo tanto, junto 9 con el inciso 13 ° del artículo 132 del Código Tributario -en cuanto los contratos solemnes deben acreditarse con las solemnidades dispuestas por ley- se infringe también el Convenio de la Apostilla, específicamente los artículos 420 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales en relación al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que dispone las formalidades que debe cumplir un instrumento público emitido en el extranjero para ser utilizado en Chile . De esta manera, la Apostilla es una certificación única, aplicable a documentos públicos o privados que posean certificación oficial, emitidos en un país miembro del Convenio de la Apostilla -como lo es Argentina-, para ser usado en Chile.