Sps Inmobiliaria e Inversiones S.A. con Servicio de Impuestos Internos Santiago Poniente.

En los autos de esta Corte Suprema Rol N° 27.319-2014 sobre reclamación tributaria, la reclamante, SPS Inmobiliaria e Inversiones S.A., interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la de primer grado, que a su vez rechazó el reclamo impetrado contra las Liquidaciones N° 314 a 317 de 26 de diciembre de 2012, por diferencias de impuesto al valor agregado de diciembre de 2009 y enero de 2010, e impuesto de primera categoría de los años tributarios 2010 y 2011.

A fojas 487 se trajeron los autos en relación.

Primero: Que por el recurso se denuncia en primer término la infracción de los artículos 38 y 76 de la Constitución Política de la República y los artículos 5 , 48 y 108 del Código Orgánico de Tribunales, fundado en que de tales disposiciones no se colige que los tribunales ordinarios sean competentes para conocer de la nulidad de derecho público y, de contrario, pretender que dicha alegación sea conocida por la justicia civil constituye una imprecisión, ya que atendida la naturaleza tributaria del asunto, la petición debe ser resuelta por el Tribunal Tributario y Aduanero, por una cuestión de economía procesal y especialidad.

Reclama, en segundo lugar, la transgresión del artículo 1 de la Ley N° 20.322 y de los artículos 123 y 124 del Código Tributario, por cuanto el primer precepto establece que los Tribunales Tributarios y Aduaneros son órganos jurisdiccionales que tienen como función conocer reclamaciones, de manera que también le corresponde conocer la nulidad de derecho público planteada, todo ello conforme con el procedimiento señalado en los artículos 123 y 124 del Código Tributario.

Por el recurso también se alega el quebrantamiento del artículo 11 inciso primero de la Ley N° 19.880 y del artículo 2 de la Ley N° 18.575, por cuanto sostiene que aún cuando el contribuyente no aporte todos los antecedentes requeridos en sede administrativa, el Servicio de Impuestos Internos no está relevado de la obligación de emitir un acto administrativo fundado y motivado tanto en los hechos como en el derecho, tal como prescribe el artículo 11 de la Ley sobre Procedimientos Administrativos, fundamentación que debe ser suficiente y congruente, en acatamiento de las reglas del debido proceso. En este caso, señala que las liquidaciones no contienen una relación circunstanciada de los hechos que permiten establecer las diferencias de impuestos que cobran, omisiones que afectan su derecho a defensa ya que se le impide tomar cabal conocimiento de las impugnaciones del Servicio.

Indica que todas estas infracciones de derecho nacen de la vulneración del artículo 20 del Código Civil e influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo que pide que se acoja el recurso, se invalide la decisión impugnada, dictándose otra de reemplazo que acoja el reclamo.

Segundo: Que la sentencia recurrida confirmó la de primer grado señalando en su basamento primero que, conforme prescribe el artículo 124 del Código Tributario, la finalidad del reclamo consiste en que se modifiquen o anulen las partidas de una liquidación, por lo que la nulidad que se funda en lo dispuesto en el artículo 6 letra b ) N° 5 del mismo código sólo puede operar en el ámbito administrativo, careciendo el tribunal de facultades para invalidar el acto, declaración de incompetencia que no le produce agravio al recurrente.