Alimentos Procesados S.A. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 2797-11 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por el contribuyente Alimentos Procesados S.A., se dictó sentencia de primer grado el 18 de diciembre de 2009, la que rola entre fojas 106 y 11, en virtud de la cual se rechazó en todas sus partes el reclamo interpuesto a fojas 5, decisión que fue recurrida de apelación por la sociedad ya mencionada mediante su escrito que rola a fojas 112, la que fue resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago el 17 de enero de 2011 y que rola a fojas 149 y siguientes, en virtud de la cual se revocó la de primer grado y, en su lugar, se declaró que queda acogida la excepción de prescripción opuesta respecto de las liquidaciones N°s. 432 a 440.

A fojas 154 y siguientes, el Fisco dedujo un recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia anterior.

A fojas 174, se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que por el recurso interpuesto se denuncian cuatro grupos de infracciones de derecho, correspondiendo el primero el que se vincula con la trasgresión del artículo 21 del Código Tributario en relación al artículo 19 del Código Civil, aplicable en la especie por lo dispuesto en el artículo 2o del Código Tributario, io que se produjo al invertirse el peso de la prueba que correspondía al contribuyente, atribuyéndolo al Servicio de Impuestos Internos, quien debía acreditar en la especie que el contribuyente actuó a sabiendas de la falsedad de las facturas para poder aplicar el plazo de seis años de prescripción contenido en el inciso 2o del artículo 200 del Código Tributario, siendo que la actividad probatoria recae sobre el reclamante y al Servicio una función eminentemente fiscalizadora al analizar los antecedentes entregados por el primero, citando una serie de precedentes jurisprudenciales apoyo de su tesis.

SEGUNDO: Que, en un segundo orden de cosas, se denuncia la vulneración del artículo 200 del Código Tributario en relación a los artículos 19 y 23 del Código Civil, aplicables por disponerlo el artículo 2o del primer texto citado, al preterirse su tenor literal y restringirse el ámbito de aplicación dada la imposición de requisitos que la ley no ha dispuesto para disponer del plazo de seis años para fiscalizar, como fue el exigir al Servicio que pruebe que el contribuyente actuó a sabiendas que las facturas cuestionadas eran falsas, siendo que a éste último era a quien correspondía demostrar que actuó de buena fe, siendo que la propia ley la que le señala los requisitos que puede esgrimir para ello en el artículo 23 N° 5 del DL 825 sobre IVA, agregando una referencia de sentencias de tribunales superiores en igual sentido, para concluir manifestando que para que opere ese aumento del plazo basta con que se trate de impuestos sujetos a declaración y que ésta no se hubiere presentado o la efectuada fuere maliciosamente falsa, los que se cumplían en la especie .

TERCERO: Que, como tercer grupo, se menciona la vulneración del artículo 23 N°5 del DL 825 sobre IVA , en relación al artículo 19 del Código Civil, aplicable en la especie por disponerlo el 2° del Código Tributario, lo que se materializó al verse exonerado el contribuyente de la obligación de acreditar que cumplió con los requisitos señalados en la primera norma citada para poder tener derecho al crédito fiscal, permitiendo usar el recargado en facturas falsas incorporadas a su contabilidad, al que no tenía derecho, dejando en los hechos al artículo 23 N° 5 del DL 825 sin aplicación.

Finalmente, como cuarto orden de cosas, se alude a la violación del artículo 31 inciso primero del DL 824 Ley de Impuesto a la Renta, en relación al artículo 19 del Código Civil , aplicable en la especie de conformidad al artículo 2o del Código Tributario, lo que se trasunta en la contradicción manifiesta de reconocer los jueces del fondo que en la declaración del contribuyente se incorporaron facturas ideológicamente falsas, de todas formas le permitieron rebajar las compras consignadas en las mismas como gastos, vulnerando de forma flagrante la primera de las normas citadas, permitiéndole disminuir su carga tributaria sin tener derecho a ello.