Secundino con Servicio de Impuestos Internos

En los autos Rol N° 3364-15 de esta Corte Suprema, el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Coquimbo acogió el reclamo interpuesto por el contribuyente Secundino Ibacache Espinoza en contra de la Liquidación N° 283 de 27 de diciembre de 2013, por Impuesto Global Complementario del año tributario 2009.

Dicho pronunciamiento fue confirmado por sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, y contra esta última el Servicio de Impuestos Internos dedujo recurso de casación en el fondo.

Por decreto de fojas 190 se ordenó traer los autos en relación.

Primero: Que por el recurso se denuncia la errónea interpretación y falsa aplicación de los artículos 200 , inciso 2 ° , y 21 del Código Tributario, en relación con los artículos 19 y 21 del Código Civil y 132 , inciso 14°,del Código Tributario, y la falsa aplicación del artículo 14 letra A ) N° 1 letra c ) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con los artículos 52 y 54 del mismo texto legal.

En primer término, en lo concerniente a la falsa aplicación del artículo 200 , inciso 2 ° , del Código Tributario , en relación a los artículos 19 y 21 del Código Civil, acusa que la sentencia entiende "malicia" como actuar a sabiendas, con intención, asimilándolo a la malicia penal de artículo 97 N° 4 del Código Tributario, en circunstancias que la malicia del inciso segundo del artículo 200 corresponde sólo al "conocimiento" de la irregularidad, que en este caso se presenta por haber omitido el reclamante declarar los ingresos objeto de la liquidación. Agrega que los sentenciadores entienden que debe probarse un actuar doloso, en circunstancias que el tenor literal de la norma alude a la malicia tributaria, con lo que se transgreden los artículos 19 y 21 del Código Civil, al prescindir de las reglas de interpretación que prescriben.

Precisa el recurrente que los siguientes antecedentes acreditados en el proceso, son suficientes para justificar la calificación de maliciosamente falsa de la declaración de impuestos efectuada en el año tributario 2009: a) El reclamante percibió la suma de $2.210.000.000 por concepto de un retiro efectuado de la Sociedad Agrícola y Comercial Mauro Limitada; b) Dicho retiro de utilidades no fue declarado como renta en su declaración del año tributario 2009; c) El reclamante a la fecha de la operación fiscalizada era el representante de la Sociedad Agrícola y Comercial Mauro Limitada y de la Sociedad Colectiva Civil Secundino Ibacache y Compañía; d) Las declaraciones juradas por medio de las cuales las sociedades involucradas informaron la supuesta reinversión fueron realizadas recién el 23 de junio del año 2011, no obstante que la reinversión supuestamente se había realizado el 30 de noviembre o el 1 de diciembre del año 2008; e) Las declaraciones antes señaladas fueron ejecutadas una vez efectuado requerimiento de fecha 14 de marzo del año 2011 por parte del Servicio a la Sociedad Agrícola y Comercial Mauro Limitada, de los antecedentes relativos a su declaración de renta del año tributario 2009; f) La inconsistencia entre las declaraciones juradas antes referidas y las anotaciones contables de las sociedades, toda vez que contablemente se registró el retiro con fecha 1 de diciembre del año 2008 mientras que se informa al Servicio que la supuesta reinversión se efectuó el 30 de noviembre del mismo año, vale decir se habría reinvertido antes de haberse dispuesto del dinero para ello.

En lo referente a la falsa aplicación del artículo 200 , inciso 2 ° , y 21 del Código Tributario, manifiesta que los sentenciadores le exigen al Servicio acreditar la falsedad y su conocimiento por parte del reclamante, haciendo aplicación del principio de la buena fe civil, alivianando la responsabilidad tributaria de los contribuyentes para que se asilen en su mutismo y silencio y deba el Fisco probar, mediante indicios, la real intencionalidad, lo cual es contrario al onus probandi establecido en artículo 21 del Código Tributario el cual prima, por su especialidad, sobre las normas civiles, y en base a ese error se extendió el plazo de prescripción a seis años. Así, la sentencia impugnada, prescindiendo de la aplicación de la norma contenida en el artículo 21, lo que en definitiva hace es invertir la carga de la prueba al exigir al Servicio la acreditación de una conducta dolosa del contribuyente para hacer aplicable la extensión del plazo de prescripción del inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario, en circunstancias que la norma no lo requiere. De contrario, es el contribuyente quien debe demostrar la verdad de sus declaraciones y que no incurrió en una declaración maliciosamente falsa, ya que tiene el peso de la prueba conforme con el artículo 21 del Código Tributario.