Ingecal LTDA. con Servicio de Impuestos Internos Direccion Regional Punta Arenas.

En estos autos Rol N° 30.031.383-2014 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por Ingecal Limitada se dictó sentencia de primer grado el doce de abril de dos mil catorce, que rola a fojas 1770 y siguientes, en virtud de la cual se hizo lugar sólo en parte al reclamo, reconociendo como procedente el IVA Crédito Fiscal contenido en todas y cada una de las facturas impugnadas en las liquidaciones Nº 12.672 a 12.692, confirmando las liquidaciones Nº 12.677, 12.684, 12.689 y 12.696, salvo en cuanto se estima como gasto necesario para producir la renta de la reclamante los honorarios que se pagaron a don Fabio José Restovich Castro, de que da cuenta la factura 1301, debiendo efectuarse los cálculos y ajustes pertinentes, así como las Resoluciones Exentas Nº 025 y Nº 026, sin costas a las partes por no haber sido totalmente vencidas en autos.

Esta decisión fue recurrida de apelación tanto por el Servicio de Impuestos Internos como la sociedad contribuyente, a fojas 1847 y 1863, respectivamente, y revocada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas con fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, según se lee a fojas 1974 y siguientes, decidiendo en su lugar que no se acoge el reclamo presentado, confirmando las liquidaciones Nº 12.672 a 12.692, así como también en lo demás apelado el fallo revisado.

A fojas 1990 y siguientes, don J. Alejandro Rodríguez Muñoz, en representación de la reclamante, dedujo recursos de casación en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, el que fue ordenado traer en relación por resolución de fojas 2029.

Primero: Que por el recurso se denuncian como normas infringidas el artículo único de la Ley 18.320, el artículo 23 del DL 825, los artículos 21 y 30 de la Ley de Impuesto a la Renta y el artículo 19 del Código Civil, señalando que la sentencia yerra al sostener que el plazo de 6 meses establecido en el artículo único de la ley 18.320 para citar o emitir liquidaciones, aumenta a 6 años en el caso de declaraciones calificadas como maliciosamente falsas, ya que tal conclusión parte de una lectura incompleta del artículo citado, que no contiene referencia alguna a que sus plazos se extiendan para los efectos de citar y/o liquidar el impuesto, o a la inaplicabilidad de sus beneficios en los casos de infracciones tributarias sancionadas con pena corporal, señalando su numeral 3º que el Servicio de Impuestos Internos está facultado para examinar o verificar los períodos comprendidos en los plazos de prescripción del artículo 200 con posterioridad a la notificación señalada en el Nº 1, en las hipótesis que se señalan. Indica que esta norma sería la interpretada erróneamente por el tribunal, en lo referido a la hipótesis de la letra d ), al entender que, cuando se presenta esa situación, no se aplican las disposiciones de la Ley 18320 y, luego, no rige el beneficio.

Sostiene que tal conclusión es errada, porque la ley lo que dispone es que el Servicio se entiende facultado para examinar o verificar todos los períodos comprendidos dentro de los plazos de prescripción del artículo 200 y no que no rija la ley 18.320, por lo que aun cuando se presenten las situaciones en comento, el organismo fiscalizador debe notificar el requerimiento y cumplir con los plazos de fiscalización de la ley 18320.

Por ello, continúa, el Servicio de Impuestos Internos seguía teniendo sólo un plazo de 6 meses para citar. Así, entonces, como en este caso, la notificación de fiscalización se efectuó el 27 de enero de 2012, el contribuyente presentó antecedentes el 28 de febrero del mismo año y el plazo para citar vencía el 28 de agosto de 2012, citándosele recién el 8 de febrero de 2013, por lo que se ha hecho una falsa aplicación del artículo único de la ley 18.320, específicamente sus números 3 y 4, al dejar de aplicar la norma que prescribe el plazo de 6 meses para citar al contribuyente después de que éste entregue la documentación exigida por el Servicio de Impuestos Internos.

En segundo término, denuncia la falsa aplicación artículo 23 del DL 825 en la decisión de lo debatido, ya que su parte acreditó que el impuesto a que dieron lugar las facturas 1672 a 12692 de 28 de marzo de 2013 fue recargado y enterado en arcas fiscales por los proveedores y/o prestadores de servicios de la reclamante, pese a lo cual se exige por el sentenciador un requisito que la norma no contempla, como es que se demuestre la efectividad de la operación, en circunstancias que la ley es clara y perentoria, no excepcional ni restrictiva. Sobre la influencia de este yerro en la decisión de lo debatido, indica que de no haber sido cometido, se habría reconocido el IVA crédito fiscal contenido en cada una de las facturas impugnadas.