Aramayo con Tesorería General de la República de Chile

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción del considerando séptimo que se elimina.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que, la recurrente por medio de su arbitrio sostiene que la retención judicial de la devolución de impuestos correspondientes al año tributario 2021, por la suma de $845.324, que ha practicado la Tesorería General de la República, constituye un acto totalmente arbitrario, por haber ordenado una retención que no se funda en resolución judicial alguna, privándolo del legítimo ejercicio de derechos y garantías constitucionales, particularmente, la garantía prevista en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política, pues se le priva de su derecho de propiedad sobre el dinero que debía percibir proveniente de su devolución de impuestos del año tributario 2021, que había sido autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 30 de abril del presente año, en razón de haber practicado una retención que no fue decretada en los autos Rol C-2147-2018, tramitados ante el 1º Juzgado Civil de Antofagasta, manifestando que en esa causa opuso la excepción de prescripción de la acción, confiriéndose traslado de la misma a la entidad bancaria con fecha 8 de mayo del 2018, oportunidad en que el Banco ejecutante se desistió de su acción, siendo en consecuencia acogido el desistimiento.

Arguye que el artículo 17 de la Ley Nº 20.027 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior que permite la retención de devolución de impuestos por parte de la Tesorería General de la República, choca con la Constitución Política, debiendo primar ésta última.

Segundo: Que consta en el proceso Rol C-2147-2018 del 1º Juzgado Civil de Antofagasta, que los dos pagarés en que se fundó la demanda ejecutiva incoada por el Banco ITAU CORPBANCA en contra del recurrente, fueron suscritos por la ejecutante en representación del deudor, ambos con fecha 29 de enero del 2018, con vencimientos al 5 de febrero del mismo año, por la cantidad de U.F. 12,3183.- y U.F. 480,8037., los que contienen en su encabezado, luego de la palabra pagaré, lo siguiente: Financiamiento de Estudios de Educación Superior con Garantía del Estado, Fisco de Chile (Ley 20.027) , luego, en sus párrafos finales, indican Se deja constancia que el presente Pagaré se encuentra garantizado, en conformidad a las disposiciones de la Ley 20.027, que establecen normas para el financiamiento de estudios de educación superior, publicada en el Diario Oficial de fecha 11 de Junio del año 2005 y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 182 de fecha 7 de septiembre de 2005 del Ministerio de Educación, y las modificaciones a ambas normas . Desistida la entidad bancaria de la acción ejecutiva deducida, el tribunal resolvió que el ejecutado puede reiterar las alegaciones de prescripción tanto de la acción ejecutiva como ordinaria emanada del mutuo dinerario de que dan cuenta los pagarés fundantes de esa ejecución, en sede contenciosa ordinaria, desestimando las alegaciones del ejecutado, hoy recurrente.

Tercero: Que, al informar, el Director Regional Tesorero de Antofagasta, solicitó el rechazo del recurso, en base a que el recurrente es deudor del crédito con aval del Estado denominado CAE, regulado por la Ley Nº20.027 y la institución financiera que otorgó el crédito corresponde al Banco Itaú Corpbanca, la que en su oportunidad demandó ejecutivamente al recurrente. En ese contexto, y encontrándose en mora el recurrente y en calidad de egresado, se hizo efectiva la garantía estatal pasando a ser dueño del crédito el Fisco de Chile . Indica que la Ley Nº 20.027, específicamente en su artículo 5, autoriza al Fisco de Chile para adquirir créditos titularizados que hayan accedido a la garantía estatal y el artículo 18 bis de la mencionada ley, autoriza a la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco de Chile.

Refiere que lo que ocurrido en el presente caso con la devolución de excedentes de impuesto a la renta no fue una retención conforme al artículo 17 de la Ley Nº 20.027, sino que fue una compensación producto de la calidad de acreedor y deudor recíprocos entre el Fisco y el referido contribuyente. Por lo que en este caso no se está frente a una retención judicial, ni retención alguna que haya debido ser decretada judicialmente, toda vez, que lo que operó por el solo ministerio de la ley fue una compensación en los términos del artículo 1.656 del Código Civil.