Clinica de la Familia el Loa S.A. con Servicio de Impuestos Internos.

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los considerandos décimo sexto a vigésimo cuarto, que se eliminan, y en su lugar, se tiene además presente:

PRIMERO: Que el Servicio de Impuestos Internos, ha deducido recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de Antofagasta, que hizo lugar a la reclamación interpuesta por el abogado Juan Ignacio Cornejo Rodríguez, en representación de Clínica De La Familia El Loa S.A. en contra de las liquidaciones de impuestos N°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, todas emitidas el 4 de enero de 2013, dejándolas sin efecto por ser nulas, al adolecer de vicios formales y de fondo, consistentes en la insuficiente motivación y fundamentación que impedirían determinar de manera indubitada el origen de las diferencias de impuestos liquidadas, configurándose la infracción a los artículos 11 inciso 2° de la Ley 19.880 sobre Base de los Procedimientos Administrativos y 2° de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales a la Administración del Estado, infracciones que afectan el derecho fundamental al debido proceso.

SEGUNDO: Que el apelante fundó su agravio en primer lugar, señalando que las liquidaciones reclamadas cumplen con los requisitos formales y de fondo previstos en el artículo 24 del Código Tributario, como aquéllos que en forma interna el Servicio de Impuestos Internos ha entendido que resultan necesarios. El sentenciador refiere que “no existe expresión alguna de cuales serían aquellas operaciones que darían pie a este agregado, al constituir, en opinión del órgano fiscalizador, servicios afectos; tampoco se señala la oportunidad en que éstos ocurrieron, quienes participaron en las operaciones, los montos involucrados en cada una de ellas, naturaleza de dichas prestaciones, etc…”, aludiendo hechos que si bien no se encuentran establecidos como requisitos esenciales, sí están presentes y se desprenden de la completa lectura de las liquidaciones reclamadas, la que consta de una carátula, en la cual se hace acopio de lo señalado en la norma tributaria, adjuntándose a la misma los fundamentos de dicha liquidación en una hoja de trabajo que forma parte de ella, en el que se indican los antecedentes del procedimiento de auditoría efectuado al contribuyente, los fundamentos de hecho y de derecho que el contribuyente hizo valer en la etapa de discusión, el análisis efectuado por la fiscalizadora a cargo de dicho procedimiento, la fundamentación numérica de la diferencia de impuestos pretendida y, en las dos últimas páginas, la diferencia de impuestos detectada, tanto en lo referente al Impuesto a la Renta, como al Impuesto al Valor Agregado, incluyendo tablas explicativas sobre la base imponible afectas a dichos tributos. Además, agrega que en cuanto a la supuesta indefensión del reclamante, señala que tal argumento se desmorona con la sola lectura de todos los actos procesales realizados ante el Tribunal de la instancia, donde se plasman alegaciones de fondo de los que se desprende que cuenta con un especial conocimiento de la causa.

Además, refiere que para que la nulidad sea declarada, ésta debe causar perjuicio al interesado, el que sea reparable sólo con la invalidación del acto, lo que no ocurre en la especie, desde que el supuesto perjuicio es inexistente, pues no le ha causado indefensión en sus derechos, ya que las liquidaciones reclamadas se bastan a sí mismas, tanto al punto de desarrollar argumentaciones de fondo que según su óptica echarían por tierra la pretensión fiscal, toda vez que cuatro de los cinco puntos de prueba fijados por el Tribunal, dicen relación con hechos tendientes a acreditar el fondo del asunto, por lo que junto con ejercer su derecho a defensa en óptimas condiciones, dentro del proceso se le ha otorgado las armas para materializar tal derecho. Además, las liquidaciones son el resultado de una auditoría practicada por la Unidad de Calama de la II Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, dentro de la cual se llevaron a cabo una serie de diligencias todas tendientes a informar y solicitar antecedentes para una correcta determinación de los impuestos.

Finalmente señala el apelante que las liquidaciones reclamadas gozan, al igual que todos los actos administrativos, de una presunción de validez, que si bien es simplemente legal, corresponda a la parte que la alega probar la ilegitimidad del acto, conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, sin que haya realizado actividad probatoria alguna tendiente a tal objetivo, no obstante que el punto de prueba N° 5 fijado por el Tribunal, así también se lo imponía.

Por todo lo anterior, solicita revocar la sentencia dictada en autos en lo agraviante a los intereses del Fisco, desechar la nulidad de las liquidaciones y en su defecto aclarar la validez de las mismas.

En cuanto a la nulidad de las liquidaciones por adolecer de vicios formales y de fondo: