Flota Hualpen Limitada con Servicio de Impuestos Internos DIREC. Regional Concepcion

Se ha elevado en apelación por el reclamante la sentencia definitiva y complementaria dictadas por el juez titular del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío don Anselmo Iván Cifuentes Ormeño, sentencia dictadas con fecha uno de septiembre del año pasado y escrita de fojas 747 a fojas 769 vuelta y la complementaria con fecha quince de junio de este año escrita a fojas 845. De la sentencia de fojas 747 y siguientes se reproduce la parte expositiva y los motivos uno al dieciséis, eliminándose los que van del diecisiete al 27 inclusive, en tanto la sentencia complementaria se reproduce totalmente.

PRIMERO: Que la controversia de estos antecedentes es si se trata de un servicio consistente en transportar pasajeros, actividad no gravada con IVA, o lo que afirma el reclamante, que se trata de una empresa que arrienda bienes muebles, por lo que se encuentra afecta o gravada con IVA . En definitiva, la discusión conlleva a determinar si el contribuyente tiene o no derecho, en razón de la actividad que realiza, a la devolución del remanente de crédito fiscal a que se refiere el artículo 27 bis del DL Nº 825.

SEGUNDO: Que según los antecedentes que obran en la causa y los documentos en custodia, para el criterio de mayoría de esta Sala, se trata de contratos válidamente celebrados que no han sido desestimados judicialmente. Que la actividad fiscalizadora del Servicio es sólo una pretensión más en el contencioso tributario y al juez le corresponde la calificación jurídica de los hechos.

TERCERO: Que visto así, el contribuyente, de buena fe, ha optado por la forma de organización societaria que mejor se adapta a su estructura de negocios, que las ventajas tributarias obtenidas sólo responden a las alternativas de configuración jurídica que la misma ley le permite, o si se quiere, es la ley quien induce al contribuyente a organizarse para obtener una carga tributaria más baja.

CUARTO: Que el procedimiento general de reclamaciones, en cuanto contencioso administrativo, sólo faculta al juez para analizar la legalidad (motivación y oportunidad) de los actos de la administración, pero no es una instancia para revisar la eficacia o ineficacia de los negocios jurídicos otorgados por los contribuyentes.

QUINTO: Que, por lo demás, si el Servicio estimaba que los negocios jurídicos fueron otorgados con simulación debió probar el acto simulatorio o, si estimaba que la organización societaria constituía un caso de abuso de la personalidad jurídica, debió probar el fraude a la ley, y en ambos casos, lograr que se determinara la ineficacia de dichos negocios en la instancia correspondiente, lo que desde luego no hizo.

SEXTO: Que, el artículo 21 del Código Tributario es claro al señalar que si la contabilidad del contribuyente es fidedigna, el Servicio no puede prescindir de ella y determinar liquidaciones que escapen de la referida contabilidad, y en este caso, el Servicio no ha probado que la contabilidad sea no fidedigna ya que, de acuerdo al artículo 132 del mismo texto, los actos solemnes se prueban por la respectiva solemnidad y, si el Servicio quisiera prescindir del valor probatorio de los actos solemnes acompañados por el contribuyente debió desestimarlos previamente en la instancia competente.