González Antillo con Servicio de Impuestos Internos

Primero: Que se eleva la presente causa para conocer del recurso de apelación deducido por la reclamante en autos sobre reclamación general tributaria, tramitados ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos, en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de agosto de 2023, que no dio lugar a la solicitud de declarar la nulidad de la tasación contenida en el Oficio Ordinario N°65 de 30 de septiembre de 2020, y rechazó en todas sus partes el reclamo interpuesto en representación de xxxxxxxxxxx, confirmando a su vez las liquidaciones de impuestos Nos. 27 y 28 de fecha 30 de septiembre de 2020, emitidas por la Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos Internos, condenando en costas a la reclamante.

Segundo: Que, el objeto del reclamo, según consta en la carpeta digital de tramitación de primer grado, era obtener la declaración de nulidad de la tasación contenida en el Oficio Ordinario N°65 de 30 de septiembre de 2020, y asimismo, que se dejaran sin efecto las liquidaciones de impuestos Nos. 27 y 28 de fecha 30 de septiembre de 2020, que contienen el cobro del Impuesto Único del artículo 21 de la Ley de la Renta (“LIR”) a doña xxxxxxx por la suma de $1.871.931.686, más intereses y multas, que se determinó al tasar el aporte realizado por la contribuyente de las acciones de las sociedades Constructora xxxx (“Constructora”) e Inmobiliariaxxxxx (“Inmobiliaria”) en la constitución de una nueva sociedad, xxxxxx, por considerar que no se cumplieron todos los requisitos del inciso quinto del artículo 64 del Código Tributario, al no existir una legítima razón de negocios que avalara la reorganización.

Tercero: Que, como primera cuestión, alega la contribuyente en su recurso, que existe un vicio de nulidad en el fundamento mismo de las Liquidaciones, que correspondería al Oficio Ordinario N° 65 o “oficio de tasación” en que se determinó que el valor de enajenación de las acciones de doña xxxxxxxxx en Constructora e Inmobiliaria xxxx en un total $5.328.825.961; documento que habría sido realizado y firmado por un funcionario que no tenía la facultad legal para ello, pues dada la cuantía de la tasación, aquella sólo pudo ser efectuada por el Director Regional, y no por el Jefe del Departamento de Fiscalización, como en los hechos ocurrió.

Argumenta, en síntesis, que no se podía delegar la facultad de tasar ni liquidar, por exceder el máximo permitido para que se delegue dicha facultad, conforme lo dispuesto en el artículo 67 letra b) N° 7 en relación a la Resolución Exenta Nº 3.311 de 1996, sobre autorización para delegar facultades, lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, en concordancia con el artículo 2º de la Ley Nº 18.575, que entiende ratifica lo señalado por el articulo Nº 7 de la Constitución Política de la República.

Agrega que la tasación del artículo 64 del Código Tributario, para ser ejercida por un funcionario distinto, debe ser precedida por un acto de delegación de estas potestades y constar así en el documento, lo que en el caso de marras tampoco habría ocurrido.

Cuarto: Que, la sentencia en revisión hizo suyos los argumentos vertidos por la reclamada, según se lee del motivo sexto, punto VI., en cuanto a que el supuesto vicio de falta de competencia del funcionario actuante en la tasación no fue alegado por el actor al momento de reclamar; que a mayor abundamiento, no existe ningún vicio de nulidad en la liquidación ni en la tasación practicadas, pues la liquidación se suscribe por el Director Regional y la tasación es un acto de carácter intermedio, y que el actor interpreta erróneamente la Resolución Exenta N°3.311 de 1996, dado que lo que ella dice es, precisamente, que en los casos en que alguna de las facultades delegadas lo sea respecto de impuestos que superen las 400 U.T.A., la liquidación debe ser firmada por el Director Regional, como así ocurrió en la práctica.

Considera el Tribunal, además, que la circunstancia de que el Oficio Ordinario N°65 -que contiene la tasación fiscal practicada-, haya sido firmado por el Jefe del Departamento de Fiscalización sin indicar que actúa “Por orden del Director Regional”, carece de toda relevancia, pues efectivamente se trata de un acto intermedio que ha sido conocido por el Director Regional al momento de la emisión del acto administrativo liquidación que se perfecciona con su firma.