Ana Maria Vargas Cardenas con Octavio Exequiel Provoste Aravena

PRIMERO: Que, el abogado del Servicio de Impuestos Internos en representación de la Directora Regional de dicho Servicio, querellante en autos sobre delitos tributarios, en causa RUC N° 1510014313-2, RIT N° 1393-2015 del Juzgado de Garantía de esta ciudad se alzó en contra de la resolución dictada por el Juez de Garantía de Punta Arenas, don Juan Enrique Olivares Urzúa, que el 12 de junio de 2015, resolvió no hacer lugar a la solicitud de reapertura de la investigación solicitada por dicho servicio y además decretó el sobreseimiento definitivo de la causa atendido lo dispuesto en el artículo 250 letra f) del Código Procesal Penal.

El presente recurso se fundamenta en el hecho que la mencionada resolución causa agravio a su parte, configurando la causal de apelación contemplada en el artículo 370 letra a) del Código Procesal Penal, toda vez que pone término al presente procedimiento.

Refiere que el 07 de octubre de 2015 (debió decir 2014), el Servicio Nacional de Aduanas presentó querella con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad de Provoste Aravena, en relación a los delitos de contrabando sancionados en la Ordenanza de Aduanas por hechos ocurridos en esta ciudad el 27 de junio de 2014 relacionados con el no pago de impuestos y gravámenes aduaneros respecto de trescientas sesenta y cuatro mil doscientas cuarenta cajetillas de cigarrillos de distintas marcas. De igual manera en audiencia de 08 de octubre de 2014, el Juzgado de Garantía de esta ciudad condenó al imputado como autor del delito de contrabando aduanero, en grado de consumado, a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo y demás accesorias legales por los hechos a los cuales ya se ha hecho referencia. La referida causa se encuentra bajo el RUC N° 1400754016-8, RIT 2802-2014 del Juzgado de Garantía de esta ciudad.

SEGUNDO: Que, el recurrente expresa que el 28 de abril de 2015 el Servicio de Impuestos Internos, en uso de sus facultades exclusivas, presentó querella en contra de Octavio Provoste Aravena por la responsabilidad que le cabría como autor en la comisión de los delitos tributarios previstos y sancionados en los artículos 97 numerales 8 y 9 del Código Tributario, toda vez que el querellado fue sorprendido con un cargamento de cigarrillos no declarados en el MIC/DTA N° 2901439 sin contar con aviso de inicio de actividades en algún rubro que lo habilite para efectuar actividades relativas a la importación, comercialización o venta de cigarrillos e incumpliendo los requisitos legales relativos a la declaración y pago de los impuestos aduaneros, IVA e impuesto específico al tabaco, esto es, el comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquier naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio y el ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria.

Explica que el proceso criminal sobre el cual ha recaído sentencia condenatoria contra el imputado lo es por un delito diverso, a saber, el contrabando aduanero, previsto y sancionado en los artículos 168, 178 inciso primero numeral 1 y 178 inciso segundo de la Ordenanza de Aduanas y que en este entendido debe tenerse presente que los delitos contemplados en los numerales 8 y 9 del Código Tributario constituyen delitos especiales respecto de los cuales sólo puede iniciarse su investigación por denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos, tal como prescribe el artículo 162 del Código Tributario, situación que en la especie recién ocurrió el día 28 de abril de 2015 al presentarse la querella de autos, de tal forma que en caso alguno podría entenderse que la investigación por este delito se encontrase cerrada, desde que ésta recién se ha iniciado con la referida interposición de la querella, por lo que malamente se pudo haber investigado en forma previa un delito de naturaleza tributaria y en definitiva haberse dictado una sentencia condenatoria respecto de estos hechos, toda vez que el Ministerio Público carece de facultades para iniciar investigaciones sobre delito tributario y consecuentemente obtener condenas por los mismos siendo el artículo 54 del Código Procesal Penal el que regula la situación de los delitos de acción pública previa instancia particular.

En seguida, relata que, previo a discutirse el sobreseimiento definitivo, el día 08 de junio de 2015 presentó una solicitud de reapertura de la investigación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 257 del Código Procesal Penal, atendido que no se habrían realizado diligencias precisas solicitadas por el querellante y porque no se habría obtenido el resultado de las diligencias ordenadas por la Fiscal, existiendo un plazo pendiente para evacuarlas y que en la audiencia del 12 de junio del año en curso el Juez de Garantía acogió el sobreseimiento definitivo atendido que este Servicio habría presentado su querella una vez cerrada la investigación por el delito aduanero y consecuencialmente negó la reapertura de la investigación solicitada por esta parte.

TERCERO: Que, en concepto del querellante, el Juez de Garantía al resolver el sobreseimiento definitivo estimó que atendido que el Servicio de Impuestos Internos dedujo una querella de manera extemporánea, se habría configurado la excepción de cosa juzgada en este nuevo proceso por lo que declara el sobreseimiento definitivo.