Alfredo Mocarquer Mocarquer con Servicio de Impuestos Internos

Que por sentencia definitiva de diez de enero de dos mil veinticinco, dictada por el Juzgado de Letras de Colina, en los autos RIT M-166-2024, caratulados “Rojas con Jadue”, se acogió parcialmente la demanda, declarando improcedente el término del contrato fundado en la causal de necesidades de la empresa, condenando a la empleadora al pago del recargo legal del 30% y a la restitución del aporte al seguro de cesantía, y rechaza las demás pretensiones deducidas, incluyendo el cobro de gratificaciones legales.

Contra este fallo recurrieron de nulidad ambas partes. La demandante invoca en su recurso tres causales, individualizando en lo principal la establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo por vulneración de garantías constitucionales; en subsidio, la misma disposición por infracción de ley; y, por último, el artículo 478 letra b) del referido cuerpo normativo. Por su parte, la parte demandada funda su impugnación en dos motivos de invalidación, arguyendo en lo principal la causal del artículo 478 letra b) del estatuto laboral y, en subsidio, lo consignado en el artículo 478 letra c) del mismo texto legal.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes.

I. En cuanto al recurso de la parte demandante

Primero: Que el abogado Patricio Rodrigo Gómez Benavides, en representación de la demandante Elizabeth del Rosario Rojas Tapia, esgrime como causal principal de su recurso de nulidad la consagrada en el artículo 477 del Código del Trabajo, alegando que la sentencia ha sido dictada con infracción manifiesta de garantías constitucionales, específicamente el derecho al debido proceso y a la igualdad ante la ley, reconocidos en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental.

Argumenta que la magistrada vulneró el derecho a la defensa de su representada al omitir la ponderación de medios de prueba sustanciales, creando un estado de indefensión al rechazar el cobro de gratificaciones legales. Sustenta el recurso en que la representante legal de la empresa confesó en la audiencia respectiva el no pago de dicha prestación, amparándose en la existencia de pérdidas de arrastre, no obstante estar expresamente prohibido por ley considerar las de años anteriores para excusar esta obligación, añadiendo que la prueba documental rendida, consistente en los balances y el Formulario 22 del Servicio de Impuestos Internos, evidenció que la demandada obtuvo utilidades durante el año comercial 2023.

Segundo: Que, sobre la causal propuesta, resulta necesario indicar que su objeto es velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados.