Juan Carlos Cerda Celis con Servicio de Impuestos Internos XV DR STGO Oriente

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los acápites 3, 4 y 5 del motivo noveno, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero: Que, en estos autos, Luis Enrique Seguel Malagueño, abogado, en representación de Juan Carlos Cerda Celis, ha interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, el 27 de febrero de 2024, que resolvió no dar lugar a la nulidad invocada por el reclamante, rechazar el reclamo interpuesto respecto de las liquidaciones Nro. 481, 482 y 483 de 25 de julio de 2017 – resultando estas confirmadas – ordenando girar los impuestos respectivos, sin condenar en costas por estimar que ha tenido motivo plausible para litigar, solicitando la revocación de la sentencia, y que en su lugar se acoja el reclamo tributario interpuesto.

Segundo: Que, se hace necesario consignar que la acción intentada en autos es un contencioso administrativo tributario y como tal constituye esencialmente una forma de control judicial de las actuaciones de la Administración. La reclamación tributaria es un recurso de plena jurisdicción, encaminado precisamente a que el tribunal declare en su sentencia el derecho que el contribuyente pretende, como titular del interés lesionado.

En el caso sub iudice, la reclamación del contribuyente es efectuada sobre la base de los antecedentes fácticos y jurídicos expresados en el libelo de reclamación, solicitando como petición concreta que sean dejadas sin efecto las liquidaciones en cuestión. A su vez, en la etapa procesal pertinente la reclamante debe acreditar la verdad de sus declaraciones y los antecedentes de respaldo que las justifican, como lo prevé el artículo 21 del Código Tributario, conforme a los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijados en la interlocutoria de prueba.

Tercero: Que, en consecuencia, ha de concluirse que corresponde a la sentenciadora, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que le es propia, revisar y controlar el acto administrativo de acertamiento tributario y, para ello, debe analizar la prueba aportada al juicio por la reclamante, pues de esa forma estará en condiciones de resolver el conflicto jurídico planteado, esto es, la jueza de la causa debe pronunciarse sobre todas las pruebas válidamente aportadas al proceso. Y ello debe hacerlo, además, de cara a los precisos términos en que quedó fijada la interlocutoria de prueba. De esa manera sostener que el reclamo se transforma en una verdadera auditoría, no es efectivo, ya que a base del principio de inexcusabilidad que rige el actuar de todo Juez y a la naturaleza propia de la reclamación tributaria, corresponde que el sentenciador emita un pronunciamiento a fin de controlar a su vez la legalidad de la actuación del ente fiscalizador tributario, sin que aquello constituya una intromisión a la función fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos.

Cuarto: Que, despejado lo anterior, toca ahora revisar y ponderar la declaración de los testigos ofrecidos por la parte reclamante, cuyos testimonios constan en actuación de folio 174 a 178 del expediente electrónico de primera instancia.