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Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos quinto y décimo a décimo tercero que se eliminan. De igual forma en el considerando noveno se elimina el último acápite del punto 1.- y los cuatro últimos acápites del punto 2.-

Y teniendo además y, en su lugar, presente:

PRIMERO: Que, el artículo 19 N°7, letra f) de la Constitución Política de la República, establece que “En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio”.

Como se observa entonces se consagra en nuestra Constitución la garantía de no autoincriminación, siendo la esencia del mismo la prohibición de forzar una declaración contra sí mismo en un procedimiento judicial que amenaza la libertad de una persona que ha sido “acusada” o “inculpada” de un delito.

Este derecho se encuentra reafirmado en el artículo 8, apartado 2, letra g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 14 apartado 3, letra g), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados ambos vigentes en Chile.

SEGUNDO: Que, se agrega a lo anterior el hecho de que el artículo 93, letra g) del Código Procesal Penal reconoce que el “imputado” tiene “derecho a guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento”. Pues bien respecto de un imputado, en conformidad al artículo 7 del citado Código: “las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se le atribuye participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra hasta la completa ejecución de la sentencia. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible”.

TERCERO: Que, así entonces, corresponde determinar si la garantía a guardar silencio en caso de consentir en declarar, no prestarla bajo juramento, puede ser invocada en sede administrativa tributaria, en aquellos casos en que esta se relaciona con hechos sobre los que es requerido como inculpado en materia penal.