Isapre Cruz Blanca SA con Servicio de Impuestos Internos Direccion Grandes Contribuyentes

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos décimo a décimo noveno, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que, la reclamada deduce recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada por el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero que acogió el reclamo interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A. en contra de las Liquidaciones Nros. 120, 121, 122, 125, 126, 127 y 128, todas de 30 de agosto de 2016, emitidas por el Servicio de Impuestos Internos, Dirección de Grandes Contribuyentes, las que habían determinado para los años tributarios 2013, 2014 y 2015, por concepto de reintegro e Impuesto del artículo 21 inciso primero de la Ley de Impuesto a la Renta (L.I.R), incluidos reajustes, intereses y multa, la cantidad de $3.224.799.286.-

Al efecto, según el ente fiscalizador, las costas personales a las que fue condenada la Isapre reclamante en los recursos de protección presentados por sus afiliados no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 31 de la L.I.R. y, por lo tanto, están sujetos a lo dispuesto en el artículo 21 del mismo texto legal, aun cuando sean de carácter obligatorio por estar establecidos por sentencia judicial. Lo anterior puesto que no se trata de gastos necesarios para producir sus rentas al no estar relacionados con su giro ni estar destinados a generar sus ingresos; por el contrario, sostiene que su objeto es resarcir los gastos en que ha incurrido la parte vencedora en el procedimiento jurisdiccional iniciado por el incumplimiento de las normas que regulan la adecuación de los planes de salud y que los tribunales han calificado de arbitrarios.

Segundo: Que, de acuerdo con los antecedentes allegados a este juicio, particularmente de las pretensiones contenidas en los escritos fundamentales aparece que la cuestión controvertida que ha quedado centrada es determinar si el pago por concepto de costas personales a que fue condenada la Isapre Cruz Blanca en los recursos de protección incoados por sus clientes y/o afiliados y acogidos por las Cortes de Apelaciones del país, constituye un gasto aceptado en los términos del artículo 31 de la Ley de Impuestos a la Renta y, como consecuencia, si pueden ser rebajadas de la base de cálculo de la renta líquida imponible para la determinación del impuesto de Primera Categoría de los años tributarios indicados en las respectivas liquidaciones objeto de este juicio, en cuyo caso no se encontraría sujeta a las disposiciones del artículo 21 de la ley citada.

Tercero: Que, corresponde dejar anotado que, esta Corte ya ha conocido sobre este mismo tema, con dispares resultados, en los ingresos Roles Nros. 245-2023; 266-2023; 141-2023; 222-2023; 359-2023; 58-2024 y 117-2024, los que en todo caso no son vinculantes para decidir el asunto de que trata el presente ingreso, que debe ser resuelto conformé al mérito de autos.

Cuarto: Que, se estima necesario, previo a analizar la legislación tributaria para resolver este asunto, como ya se ha hecho en otros fallos sobre la misma materia, zanjar ciertas ideas en torno a las costas. Es que no ha sido poco lo que se ha debatido históricamente por la doctrina en relación con la naturaleza jurídica de las mismas, pero desde ya debe anotarse que bien se considere que estas últimas se manifiestan como una forma de reprimir la conducta indebida representada por la ausencia de iustae causa e litigandi o como un medio para resarcir los daños ocasionados con la misma, se está mirando a la utilización del proceso con su fin legítimo, por lo que resulta pertinente mencionar que las costas cumplen tanto una función sancionadora como una labor resarcitoria, siendo ambas de relevancia. En efecto, la primera se presenta como herramienta persuasiva para aquellos litigantes que, no obstante estar conscientes de la ausencia de plausibilidad de su pretensión, deciden igualmente poner en movimiento el sistema jurisdiccional con el consiguiente desgaste de recursos tanto públicos como privados. Por su lado, la función resarcitoria, garantiza el acceso a la justicia y asegura el derecho de los afectados a ser íntegramente reparados.