Sierra Gorda S C M con Servicio de Impuestos Internos

Primero: Que esta Corte comparte las consideraciones que se contienen en el fallo impugnado en cuanto a que el término de prescripción que resulta aplicable al caso de la especie es el de seis años del inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario, pues tratándose el impuesto determinado en las Liquidaciones Nos 57 a 70 de uno sujeto a declaración, es un hecho demostrado que ésta no fue presentada, en tanto las rentas remesadas sobre las cuales debía practicarse la retención no fueron declaradas en el formulario 50 respectivo. Es precisamente la sola circunstancia de la omisión la que genera el efecto del aumento, sin que resulte necesario demostrar malicia por parte del contribuyente, en tanto el legislador no exige ésta sino en el evento en que la declaración haya sido efectivamente presentada.

La ley aumenta el plazo de prescripción de tres a seis años para liquidar un impuesto, revisar cualquiera deficiencia en la liquidación del mismo y girar impuestos a que hubiere lugar en las hipótesis de omisión de declaración o de declaración maliciosamente falsa, por cuanto en ambas situaciones la labor fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos se ve dificultada. En efecto, se entiende y justifica que el Servicio cuente con un lapso mayor para revisar la situación tributaria de quien no presenta declaración alguna o de quien presenta una con datos dolosamente falseados, ya que en los dos supuestos resulta evidentemente más complejo llevar adelante una fiscalización certera. Esta dificultad se presenta igualmente en casos de simple omisión que en los de declaración falseada y es apta para gatillar el aumento.

Segundo: Que en cuanto al segundo error que se atribuye a la sentencia de primer grado en el recurso de apelación, cabe señalar que el N° 2 del artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigente a la época de los hechos, gravaba con una tasa del 35 % a las rentas que se pagaran o abonaran en cuenta a personas a que se refería el inciso primero por concepto de remuneraciones por servicios prestados en el extranjero. No obstante ello, agregaba la norma que estarían exentas de este impuesto las sumas pagadas en el exterior por fletes, por gastos de embarque y desembarque, por almacenaje, por pesaje, muestreo y análisis de los productos, por seguros y por operaciones de reaseguros que no fueran aquellos gravados en el N° 3 del mismo artículo, comisiones, por telecomunicaciones internacionales, y por someter productos chilenos a fundición, refinación o a otros procesos especiales. Luego, agregaba que para gozar de esta exención sería necesario que las respectivas operaciones fueron informadas al Servicio de Impuestos Internos en el plazo que éste determinara, así como las condiciones de la operación, pudiendo el Servicio ejercer las mismas facultades que confiere el inciso primero del artículo 36.

Ahora bien, el inciso final de este N° 2 del artículo 59 prescribía que estarían afectas a este impuesto, con una tasa de 15%, las remuneraciones pagadas a personas naturales o jurídicas por trabajos de ingeniería o técnicos y por aquellos servicios profesionales o técnicos que una persona o entidad conocedora de una ciencia o técnica, prestaran a través de un consejo, informe o plano, sea en Chile o el exterior.

Como se destaca en la transcripción del precepto, en este caso específico la información al Servicio de Impuestos Internos acerca de la realización de la operación y las condiciones de la misma no constituían al tenor de la norma una “mera obligación de información”, como la denomina la apelante, sino una auténtica exigencia para beneficiarse de la franquicia, esto es, gozar de la exención, de modo tal que su incumplimiento, como acertadamente indica el tribunal a quo, trae aparejada como consecuencia la imposibilidad de aprovecharse de la exoneración tributaria.

Tercero: Que en relación al pretendido tercer yerro del fallo, el artículo 5° del Convenio suscrito entre Chile y Canadá para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio, publicado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 2000, dispone en el N° 1 que a efectos del Convenio la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Seguidamente en el N° 3 indica que esta expresión también incluye una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje y las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto de construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses; y la prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, por intermedio de empleados u otras personas naturales encomendados por la empresa para ese fin, pero sólo en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un período o períodos que en total excedan 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses.

Ahora bien, la empresa GEOTECH prestó a la contribuyente, de acuerdo al contrato suscrito y según se demostró, servicios de perforación que se comprometió a suministrar continuamente en el yacimiento minero ubicado en la localidad de Sierra Gorda, a través de la instalación de una torre de perforación, y la realización continua de labores de perforación ejecutadas por un grupo de empleados de la misma GEOTECH. Se acordó también que la prestadora del servicio enviaría a la ahora reclamante una factura cada catorce días de trabajo, que debía ser pagada en el mes, constando de la prueba que existen documentos de abril de 2010 hasta mayo de 2012.